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Lo dijo el sábado el presidente Zapatero tras la reunión en Washington del G-20 ampliado. “El incremento de la inversión pública es el instrumento más sólido para combatir una situación de estancamiento o recesión económica”.  Sus palabras estaban respaldas por un único párrafo que aparece en la Declaración final de la cumbre, construido con apenas 23 palabras (en castellano), y en el que se dice textualmente: “Aprobaremos medidas fiscales para estimular de forma rápida la demanda interna, al tiempo que se mantiene un marco propicio para la sostenibilidad fiscal”.

¿Es eso posible? ¿Puede estimularse ‘de forma rápida’ (como dice el documento) la demanda interna -consumo privado, público e inversiones- en aras de impulsar el crecimiento económico y, por lo tanto, el empleo? Los analistas no están convencidos de ello. Básicamente por razones burocráticas inherentes al funcionamiento del aparato administrativo del Estado. Están convencidos de que -en el mejor de los casos- ningún plan de estímulo de la inversión pública en infraestructuras tendrá plena eficacia antes de 2010. Las medidas de estímulo a la inversión en investigación y desarrollo -otro de los grandes objetivos de la cumbre- tienen, incluso, un periodo de maduración mayor. Y lo mismo sucede con ámbitos como la energía o la innovación, donde los resultados tardan en llegar. Por lo tanto, no es sólo cuestión de dinero, sino de disponer instrumentos que permitan gestionarlo.

José Luis Feito, presidente de Aseta, la patronal de las concesionarias de autopistas, se apoya en la tradición para llegar a la conclusión de que nadie espere resultados a corto plazo, y recuerda que muchos planes de impacto medioambiental tardan hasta dos o tres años en resolverse. Recuerda, además, que aún está sin resolverse la financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas, afectados por una brutal caída de sus ingresos, lo que se ha traducido en un fuerte recorte de su capacidad inversora. Según Feito, “es necesario aumentar el gasto público”, pero no cualquier gasto público, sino aquel que tenga “un mayor efecto multiplicador” sobre la economía productiva.

Actuación rápida y contundente

Para eso, en su opinión, se necesita  “una actuación rápida y contundente” por parte de los poderes públicos, además de contar con el capital privado, que no estará en condiciones de acudir a muchas licitaciones si antes no se revisa el marco jurídico existente en cuestiones como las expropiaciones.

En esta línea se manifiesta Ángel Laborda, director de coyuntura de Funcas, para quien “es muy fácil decir: vamos a dar un ‘chute’ a la economía, pero hasta que eso se pone en marcha pasa mucho tiempo”. Laborda observa que si se inyecta una cantidad de dinero muy grande “existe un riesgo cierto de que se formen embudos, ya que el gobierno central no tiene capacidad para gestionar eficazmente esos recursos”. De ahí que proponga la creación de una especie de Fondo Feder a la española, que sería gestionado con la colaboración de ayuntamientos y comunidades autónomas. Los entes territoriales aportarían, por ejemplo, un 40% o un 50% de esa inversión, y eso permitiría desplegar con mayor eficiencia los planes de inversión de acuerdo a necesidades reales.

Tanto para Laborda como para Feito, lo peor es que se ha perdido un año precioso para haber intervenido, “pero la incapacidad del Gobierno para diagnosticar la situación nos ha hecho perder mucho tiempo”, asegura el economista de Funcas. Mientras que para Feito, ha pasado más de un año desde que se inició todo y el Gobierno apenas ha hecho nada en esta materia.

Cae la licitación pública

Por el momento, lo que está fue de toda duda es que los principios de Washington tienen un amplio recorrido en España. La inversión pública del conjunto de las administraciones en infraestructuras, lejos de estar creciendo, ha caído de forma intensa, como señalan los datos de Seopan, la patronal de las grandes constructoras.

Hasta septiembre, la licitación pública ha caído un 17,7%, con especial retroceso en la Administración General de Estado, donde se observa un hundimiento del 35,7%, lo que parece estar relacionado con el hecho de que 2008 ha sido año electoral, y eso, habitualmente, frena el ciclo inversor. Los ayuntamientos, por su parte, están con la soga al cuello por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y eso explica que el volumen de sus licitaciones haya caído un 11%; mientras que en las CCAA se registra un aumento del 10%, pero hay que tener en cuenta que su base está sesgada a la baja por el hecho de que 2007 fue año electoral, lo que frenó la política inversora.

Esto no significa, en cualquier caso, que España haya dejado de ser un país inversor. Todo lo contrario. Y no sólo en infraestructuras. En el presupuesto del Estado para el año 2009, se  incorpora un gasto equivalente a 31.482 millones de euros, el 3% del PIB. El 43,5% de ese dinero se lo gastará el sector público administrativo (es decir, los ministerios) y el resto el sector público empresarial y fundacional. Tan sólo las inversiones de los ministerio de Fomento y Medio Ambiente representan el 1,9% del Producto Interior Bruto (PIB), el mismo porcentaje que en 2008, y apenas una décima más de los niveles registrados desde 2003.

La principal partida se destina a ferrocarriles (básicamente construcción de nuevas líneas de ‘ave’: 8.199 millones de euros, y carreteras: 5.614 millones. Por delante de las obras hidráulicas: 4.220 millones. Hay consenso entre los expertos en que la capacidad de crear empleo de la obra civil es, en cualquier caso, menor que la residencial.

La participación de las empresas privadas en el proceso inversor es otra de las claves del problema, según los especialistas.  Y es que hay que tener en cuenta que apenas la décima parte de lo que invirtió este país en 2007 en formación bruta de capital fijo (incluyendo todos los ámbitos) lo realizó el sector privado, por lo que sólo abriendo el grifo de la financiación se podrán recuperar esos niveles.

Dicho en términos más concreto, las inversiones (no sólo en infraestructuras) representaron el 30,8% del PIB el año pasado, un nivel verdaderamente espectacular que supone un 42,1% más que la media de la eurozona. Pero de ese porcentaje tan sólo 3,8 puntos porcentuales se deben a inversión pública.

La inversión en construcción no residencial -es decir, las infraestructuras- representan el 9,3% del PIB, una cifra muy elevada pero que es, todavía, inferior a la alcanzada en 1990, cuando se alcanzó un techo del 10,1% del Producto Interior Bruto.

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