¿Se imaginan el día en que Miguel Sebastián se ponga al volante del primer coche eléctrico que se comercialice? No se sabe el día, pero sí quiénes no irán de copilotos. No irá el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien ya dijo la semana pasada que no veía clara la apuesta estrella del Ministerio de Industria para sacar de la crisis al sector de la automoción. Tampoco José María Fidalgo, después de asegurar que “lo enchufaremos por la noche y la energía nos la pondrán los franceses”. Se borró él solo. Lo que no podía imaginar Sebastián es que también tendría que vetar a Pedro Solbes para el primer paseo. Y es que el vicepresidente puso ayer en solfa “la gran idea de Industria”. Según explicó sin ambages, “es una apuesta novedosa y arriesgada que puede no salir bien” y dudó de que pueda avanzar “sin una red de distribución de combustible y sin el primer impulso inicial a los primeros coches eléctricos”.

Sebastián, que anunció a bombo y platillo la iniciativa tras su visita a la fábrica de Nissan –cuyos trabajadores están afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) de 1.680 personas-, quiere que en 2014 haya en circulación un millón de vehículos ecológicos y que se produzcan en España. La aproximación de Solbes fue ayer más práctica. Durante unas jornadas convocadas por The Economist, el vicepresidente recordó que, aunque España no dispone de marcas propias, la del automóvil es la primera industria del país, sobre todo si contabiliza la empresa auxiliar. Razón para que España “esté detrás de cualquier plan que se adopte en la UE”. Sin más. Un planteamiento en línea con las palabras del presidente del Gobierno, que dijo a primera hora de la mañana en esas mismas jornadas que el plan de reactivación económica prestará especial atención al sector automóvil pero dentro de los parámetros que fije la UE.

El matiz aportado por Sebastián ayer, después de reunirse en Santiago de Compostela con responsables de nueve comunidades autónomas, fue algo diferente: anunció para enero un plan integral del automóvil que también incorporará las propuestas que la Comisión anunciará hoy. Y es que la cosa urge. Ayer Ford anunció la presentación de un ERE temporal de 21 días en su planta de Almussafes, que afectará a 5.177 trabajadores en 2009. Ford sólo sigue la senda apuntada por la propia Nissan, Citroën o Renault, entre otras. El ministro de Industria se mostró firme en que no puede haber 17 planes y abogó por la coordinación con las comunidades autónomas. Desde el Ministerio de Economía se va más despacio. Solbes aseguró ayer que las financieras pueden acudir a través de los bancos a los 30.000 millones acordados por el Ejecutivo para inyectar liquidez al sistema, descartando implícitamente mejorar sus condiciones de acceso, una reclamación del sector en el marco del Plan Vive.

Tensión matutina

Claro que Solbes lo tenía difícil para superar la tensión matutina, cuando el presidente de Sacyr, Luis del Rivero, apareció en el salón del Ritz donde se celebraban las jornadas cuando Zapatero ya había iniciado su discurso. Debido a su retraso, Del Rivero tuvo la feliz iniciativa de sentarse en la zona reservada para la prensa. Error. Rápidamente pasó a primera fila. Con su proverbial flema, el vicepresidente quiso distinguir entre la rusa Lukoil, que aspira a hacerse con una participación importante de Repsol, y Gazprom, de la que se habló en un principio como posible aspirante y cuya presencia en la española “chirriaba” a Solbes. “Dije que no me gustaba la compra de empresas españolas privatizadas por empresas públicas. Esto es relativamente distinto”, dijo el vicepresidente. No obstante, recalcó que hay elementos, como la ausencia de reciprocidad, que habría que estudiar.

Más contundente se mostró respecto a la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas cobren en plazo de las administraciones públicas. Que se olviden, vino a decir. No tanto por el Estado, que según dijo está “avanzando en los pagos”, sino por las comunidades autónomas y ayuntamientos. “Su presupuestación de ingresos ha sido excesiva”, dijo, añadiendo que ahora tienen dificultades que no pueden resolver acudiendo al sistema financiero. “Se pueden hacer cosas, pero no se puede hacer todo desde el Estado”, dijo. Ante la queja llegada desde el auditorio de que sectores como el sanitario están sufriendo unos plazos medios de pago de 215 días, Solbes quiso dejar claro que las competencias sanitarias están transferidas. “Hemos intentado aportar recursos en la Conferencia de Presidentes específicos para Sanidad, y las autonomías se negaron”, justificó.