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Un escenario peliagudo. De hecho, sólo ha habido un mes en el año en que se ha alcanzado ese nivel de licitación. Fue en marzo cuando precisamente una inversión de 1.026 millones de euros sacada a concurso por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) permitió una licitación de 3.315 millones de euros sólo por parte de Fomento. En el resto del ejercicio no se han superado los 1.500 millones en conjunto entre Medio Ambiente y el departamento que dirige Magdalena Álvarez. Desde instancias como la Confederación Nacional de la Construcción se ha criticado el olvido en que ha caído la gran obra pública, después de que Zapatero anunciará 8.000 millones para los ayuntamientos para iniciativas de rehabilitación y similares.

Además, estos apuros de última hora contrastan con la firmeza mostrada por Zapatero a principios de año. Aseguró que había dado orden a los ministerios inversores, básicamente Fomento y Medio Ambiente, para que agilizaran las licitaciones de obra pública con el fin de garantizar la actividad en la construcción y paliar la destrucción de empleo. “Aun se puede cumplir. Lo que no parece razonable es esperar a última hora para lanzar un aluvión de contrataciones”, aseguran estas fuentes. Un aluvión final que además ha descartado Magdalena Álvarez, que ayer en Bruselas directamente cuestionó la mayor. La titular de Fomento aseguró no estar de acuerdo con las cifras de la patronal, que recogen una reducción de la licitación por parte de Fomento del 33,6% en los primeros diez meses del ejercicio.

El motivo esgrimido por la ministra es que Seopan ha incluido en sus cuentas de 2007 “las autovías de primera generación que no entran en los presupuestos y que se dan por régimen concesional una vez por un período muy amplio de tiempo”, lo que hace que los datos no sean comparables con los de 2008. De acuerdo con las cábalas de Álvarez y descontando esa partida extraña, la licitación habría crecido hasta octubre un 13%, porcentaje que haría, según la ministra, que “en los últimos meses no podamos seguir licitando al mismo ritmo”, informa Ep.

A las duras y a las maduras

¿Deben estar en las cuentas esos contratos de concesión relativos a autovías de primera generación? Diferentes fuentes del sector consultadas por este periódico aseguran que, conceptualmente, la interpretación de la ministra es plausible, aunque también coinciden en que “nadie escuchó quejarse a la titular de Fomento cuando la inclusión de esos contratos de concesión en las cuentas de 2007 ayudaron a disparar la licitación en ese año”. En este sentido, añaden que “no sólo hay que darse cuenta de estas cuestiones cuando restan, sino también cuando suman”. Pero lo peor no es eso. Incluso aceptando el argumento, las cuentas de la ministra no salen. Y es que restando los 5.737,7 millones que supusieron las autovías de primera generación, la licitación de Fomento en el pasado año hasta octubre alcanzaría los 10.517 millones, frente a los 10.792 millones de 2008. Un incremento no del 13%, sino del 2,5%.

La cosa se complica aún más si se tiene en cuenta la licitación procedente de otros Ministerios, atendiendo a la debacle experimentada por el otro gran departamento inversor: Medio Ambiente. Y es que aquí la licitación ha caído a la mitad, tras pasar de 1.826 millones a sólo 983. Un panorama que sorprende especialmente si se tiene en cuenta la dotación inversora con la que nació el nuevo ministerio tras su remodelación y que se mantiene en 2009. Según el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, las inversiones en infraestructuras hidráulicas aumentan el 1,7% y las aportaciones a Sociedades de Aguas hasta un 14,5%. Pese a ello, las cifras delatan un importante retroceso en todas las políticas relacionadas con el agua. Sólo las Sociedades Estatales del Agua han pasado de licitar 927 millones en 2007 a 521 en el presente ejercicio.

No cabe duda de que algo no funciona en el departamento de Elena Salgado. En primer lugar, los expertos le achacan el retraso que en la licitación están provocando las declaraciones de impacto medioambiental. Y, en segundo, muchos apuntan para explicar el desfase a la esquizofrenia que supuso la reorganización del Ministerio, “un departamento inversor y que tiene que controlar a los que invierten”. En el sector existe la queja generalizada de que una declaración de impacto medioambiental pueda prolongarse por espacio de 24 meses, paralizando proyectos. En general, se aboga por una agencia independiente que parta de un planteamiento estricto y plazos obligatorios como único camino para desbloquear este problema.

En su conjunto, la Administración General del Estado habría licitado hasta octubre de 2007 un total de 19.578 millones, una cifra que se quedaría en 13.840 millones si se descuentan las concesiones de las autovías de primera generación. En 2008, en los diez primeros meses, la licitación fue de 12.983 millones, una comparación que tampoco avala los datos facilitados ayer por la ministra. Fuentes del sector van más allá para explicar la contención licitadora. “No está el horno para bollos. El gasto aprobado y no ejecutado no se computa como déficit. Es un dinero que se ahorra. Además, la obra pública en España es tradicionalmente procíclica, y ahora no hay ni un duro”, asegura un experto bajo la condición del anonimato.

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