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La expectación es máxima. La semana que viene, el próximo miércoles 17, expira el plazo para que la Xunta de Galicia haga público el resultado de la primera fase del concurso eólico que licitará 2.235 megavatios. Una llamada que ha suscitado el interés de todas las grandes fortunas, las gallegas incluidas, para participar del negocio del viento, que dentro de cinco años debe facturar por valor de 3.000 millones de euros.

Hasta entonces, los casi mil oferentes que han presentado boleto para la rifa de los miles de molinillos de viento que poblarán las montañas y riberas gallegas deberán invertir cerca de 5.500 millones de euros para desarrollar los 2.235 megavatios sacados a concurso, de los que casi la mitad serán necesarios para hacer arrancar los nuevos parques, mientras el resto será absorbido por los planes industriales para la zona incluidos en las ofertas.

Precisamente, ante el actual escenario de crisis, con el grifo de la finanación cerrado, las exigencias de capital necesarias para promover los parques pueden hacer que algunos de los candidatos no puedan cumplir con las condiciones impuestas por la Xunta, según las cuales los inversores deben responder con sus recursos propios por un 20% del importe de su oferta.

Al final, se pretende que no ocurra algo parecido al concurso realizado en 1995. Entonces, una buena parte de los adjudicatarios iniciales ni siquiera invirtió en el acondicionamiento de los nuevos parques y simplemente especularon con las concesiones obteniendo las consiguientes plusvalías. Ahora, la proximidad de las elecciones autonómicas (en cuatro meses) ha politizado el concurso por el posible uso partidista del proceso.

El concurso ha generado expectación y sospechas a partes iguales. En principio, casi todos los oferentes son  inversores gallegos o forman parte de una candidatura con sello gallego, siempre a modo de salvoconducto para un futurible éxito en el concurso. Manuel Jove, Amancio Ortega o Jacinto Rey son un claro ejemplo, aunque tampoco se han quedado fuera Caixa Galicia, Caixanova, Banco Pastor o Banco Gallego.

Todos ellos, junto a otros industriales locales, caso de la firma de alimentación Coren, el grupo de distribución Gadisa o la coperativa lechera Feiraco, se han mezclado entre sí o se han asociado con otros candidatos, donde los eléctricos como Iberdrola, EdP, Hidrocantábrico, Endesa, Gas Natural, Isolux-Corsan, Enel o Unión Fenosa aportan músculo financiero y conocimiento tecnológico para el desarrollo.

Pese a las quejas, la Xunta ha anunciado que no habrá pactos posibles y que se valorarán especialmente los planes industriales, la cesión a la Xunta de una participación en los futuros parques y el compromiso de las empresas con los municipios en los que se emplacen los asentamientos eólicos. A partir de ahí, el juego de malabares para repartir 2.235 megavatios entre los 55.000 solicitados. Sin duda, no hay viento para todos.

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