Jueves, 11 de diciembre de 2008 (Actualizado a las 17:57)

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Los banqueros españoles están que trinan con la reciente comunicación obre las ayudas estatales a la banca de la comisaria europea de la Competencia, la holandesa Neelie Kroes, publicada este lunes (festivo en España, para más Inri). La opinión generalizada es que bendice todos los rescates gubernamentales aprobados hasta ahora en Europa, lo que consagra de facto la distorsión de la competencia de la que tanto han criticado nuestras entidades. Y la sensación del sector es que la comisaria se ha "amedrentado" ante la presión de Francia y Alemania, los dos países más interesados en que sus planes de ayuda salgan adelante.

Los responsables de nuestras entidades, así como los presidentes de la AEB, Miguel Martín, y de la CECA, Juan Ramón Quintás, han insistido por activa y por pasiva en que era fundamental evitar que estas ayudas de Estado  supusieran una ventaja competitiva que premiase a las entidades que lo han hecho mal frente a las "buenas" que no necesitan ser rescatadas. Recientemente, Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, insistía en la necesidad de mantener un levelled playing field, es decir, un campo de juego nivelado para todos los competidores. Su colega del Popular, Roberto Higuera, añadía que estas inyecciones de capital suponen una "competencia desleal" que ha provocado que su banco deje de estar en cabeza de la banca europea por ratios de capital.

Sin embargo, estas desigualdades quedan consagradas en el documento aprobado por la Comisión 72 horas después de que se lo solicitara el Ecofin, con una excusa que empieza a estar demasiado trillada: la necesidad de que los bancos mantengan la financiación de las familias y las empresas en Europa. Es cierto que Bruselas impone límites y restricciones para evitar distorsiones a la competencia, pero la mayoría de las entidades españolas cree que son demasiado laxos y que son requisitos más formales que prácticos, excusas para dar cobertura legal a las ayudas estatales.

Bruselas distingue entre entidades solventes con problemas puntuales de liquidez y entidades que tienen problemas de solvencia. El primer caso es el que preocupa a la banca española, y aquí se establece que las inyecciones deben limitarse a "lo estrictamente necesario" (sin determinar cuál es), que haya un plan de reestructuración de la entidad, que los bancos ayudados no pueden iniciar estrategias comerciales agresivas ni una expansión y, por encima de todo, que los Estados deben recibir una compensación adecuada por su intervención.

Esa compensación quedó establecida inicialmente en un tipo de interés del 10%, pero en la última intervención de Kroes (en el texto no se cuantifica), la comisaria habló de una cifra entre el 7% y el 9,3%. Para cobrar este interés, los Gobiernos podrán arbitrar su entrada en el capital de los bancos mediante instrumentos como acciones preferentes, bonos convertibles u otro tipo de deuda que pueda considerarse capital según las normas contables internacionales.

Tres efectos negativos

"Consagrar estas ayudas tiene tres efectos negativos para las entidades españolas: el daño de imagen al quedarse rezagadas en términos de capital, la posibilidad de que los bancos rescatados sigan compitiendo en España en igualdad de condiciones cuando seguramente tendrían que haber cerrado, y la incapacidad de que las entidades españolas compren bancos en apuros a precio de saldo, lo que supone una clara distorsión del mercado", se queja una fuente del sector.

"En España nos preguntamos, ¿qué beneficios reporta ahora haber tenido una legislación y un Banco de España mucho más duro, y también visionario, que nuestros vecinos europeos? Llegado el momento de la verdad, parece que nos va a servir de poco para ganar ahora un terreno que quizás podíamos haber conquistado antes", se lamentaba ayer Carlos Sánchez-Tembleque, analista jefe de Banco Pastor, en una columna publicada por el periódico Cinco Días.

La aplicación práctica será la prueba de fuego

Otras fuentes se muestran más comprensivas con las medidas de Kroes, pero creen que la prueba de fuego será su puesta en práctica: "Si este documento se cumple a rajatabla, no están mal los requisitos que se imponen y otros a los que abre la puerta, como prohibiciones del dividendo o de los bonus a los directivos. Pero es muy difícil llevarlo a la práctica y es verdad que la comunicación es muy ambigua y no establece criterios objetivos para medir estos requisitos".

Las nacionalizaciones masivas de bancos europeos han hecho saltar por los aires la normativa europea de ayudas estatales: si se aplica estrictamente, la Comisión debería prohibirlas todas, lo que provocaría un alud de quiebras bancarias. Así pues, Bruselas no tiene más remedio que relajar esta normativa para siempre, e incluso se plantea extender esa relajación a empresas industriales y comerciales para que puedan acceder a las ayudas estatales, como ha ocurrido en EEUU con la industria del automóvil. Un efecto colateral de esta relajación es que se ha aplazado la decisión comunitaria sobre si se considera ayuda de Estado la ventaja fiscal de las empresas españolas en las adquisiciones internacionales.

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