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Febrero de 2008. Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, anuncia la creación de una Agencia Estatal de Seguridad Aérea, separándola de la Dirección General de Aviación Civil. Será antes del 2 junio. Hoy, tres meses ya fuera de plazo, el organismo sigue sin arrancar, aunque debería ser por poco tiempo. Y es que los Presupuestos del Estado no sólo le conceden una asignación para el año próximo de 54,7 millones de euros -en torno al 35% más que en 2008-, sino que fijan su hoja de ruta, en la que destaca el mandato de reforzar el control sobre las finanzas de las aerolíneas para medir “la posible incidencia en la seguridad de sus operaciones”.

La creación de la Agencia, planteada tras el caso de Air Madrid, se ha venido demorando, sobre todo por la falta de una financiación adecuada. El accidente de Spanair en Barajas volvió a poner sobre la mesa el retraso en su puesta en marcha, hasta el punto de que la ministra tuvo que responder por dicha demora en su comparecencia ante el Congreso para explicar los detalles del siniestro. “Las cosas a su debido tiempo”, aseguró entonces Álvarez, explicando que el proceso electoral había paralizado el desarrollo del organismo y que, en todo caso, su creación era clave para paliar y afrontar la falta de inspectores cualificados.

Según el programa de los Presupuestos en que se recogen las líneas maestras que regirán la Agencia en 2009, destaca la intención de potenciar la eficacia de las sanciones que se impongan a las aerolíneas y compañías del sector “como factor de disuasión para la comisión de infracciones en la normativa de seguridad”, así como la elaboración de un sistema de información, mediante indicadores, que permita tener “un conocimiento lo más completo y actualizado posible sobre la seguridad con que efectúan sus actividades las empresas”.

Un planteamiento que ha suscitado temores. Por ejemplo, el sindicato de pilotos (Sepla) ya advirtió de la necesidad de que “las políticas sancionadoras tengan, como único fin, el adecuado control de la actividad dentro de los márgenes legales, y no una función recaudatoria en sí misma”. Y es que además de las transferencias consignadas en los Presupuestos, la Agencia obtendrá ingresos por las sanciones impuestas, la liquidación de precios públicos y por el cobro de las tarifas por la realización de sus actividades.

Más control de los aeropuertos

En esta línea de refuerzo del control, Fomento quiere potenciar la inspección en los aeropuertos para mejorar la seguridad y prevenir las denominadas interferencias ilícitas, que incluyen fenómenos como el terrorismo. Por ejemplo, se prevé la realización de auditorías completas de los aeródromos con mayor volumen de tráfico cada dos años y de auditorías parciales en años alternos. El resto de aeropuertos serán auditados en su totalidad cada tres años. Habrá, no obstante, un programa de atención especial en los que tengan un nivel de amenaza superior, que se auditarán cada año. También se comenzarán a efectuar inspecciones de seguridad en terceros países considerados de riesgo en el caso de vuelos con destino a España, al tiempo que se verificarán los antecedentes del personal con acceso a zonas restringidas de seguridad.

Es más, en materia de seguridad aeroportuaria, se prevé aumentar en más de un tercio las actuaciones. Una propuesta ambiciosa que exige medios. De hecho, el Ministerio admite que para desempeñarlas la Agencia debe alcanzar una plantilla de 600 personas, desde las 336 que le serán asignadas cuando se formalice su creación. Una necesidad que choca con unas cuentas públicas con vocación de austeridad, que limitan a un 30% la oferta de empleo público. La plantilla, de la que el 80% inicial proviene de la desaparecida Dirección General de Aviación Civil, tendrá que conformarse mirando a la propia Administración.

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