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Hace unos meses serios nubarrones se cernían sobre la industria del automóvil. Hoy el huracán Ike se quedaría pequeño como paradigma de la tempestad que le asola. El mismo día en que los fabricantes de vehículos (Anfac) certificaban la debacle del sector en 2008 al rebajar todavía más sus previsiones para el ejercicio, la polémica sobre la necesidad de revisar el Plan Vive tras su nefasto arranque salpicaba a todo el sector, enfrentando a la propia patronal con el Ministerio de Industria, padrino de una iniciativa nacida para incentivar la compra de coches ecológicos y renovar el parque automovilístico.  

“Tenemos entendido que el Ministerio está reconsiderando su flexibilización”, apuntaba en un comunicado Anfac. Es más, fuentes de la asociación añadían a este periódico que, “aunque es pronto para definir las modificaciones, nos consta que Industria está ya a la tarea”. Unas manifestaciones que provocaron más de una mueca de disgusto en el departamento que dirige Miguel Sebastián. “No comentamos lo que ha dicho Anfac –aseguraban fuentes del Ministerio. Pero está claro que el BOE publicó la aprobación del Plan Vive el 31 de julio y en agosto no han podido incorporarse al proyecto las entidades financieras. Cuando lo hagan, podremos entrar a valorar. Hasta entonces… No ha habido tiempo para evaluarlo. Es un plan a dos años y apenas llevamos tres semanas de septiembre.”.

Miguel Sebastián lanzó la idea del Plan Vive en su primera comparecencia en el Congreso, allá por primeros de junio. El proyecto subvenciona los costes de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por la compra de un vehículo nuevo siempre y cuando, además de dejar para la chatarra otro de más de tres lustros, se adquiera uno que emita menos de 120 gramos de dióxido de carbono. Unos vehículos ecológicos que ya contaban con impuesto de matriculación cero. Aunque Industria cifró inicialmente en 120.000 los vehículos que podrían retirarse de la circulación en los 24 meses, las asociaciones del sector rápidamente echaron por tierra esas previsiones. Anfac habló entonces de 80.000 actuaciones, un número que sin duda hoy firmarían todos los implicados.

Ayudas directas

Es más, los primeros datos hechos públicos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no pueden ser más desalentadores. Apenas 18 operaciones desde que entró en vigor el plan. Lo que es normal para Industria, no deja de ser una iniciativa sin futuro para otras partes afectadas como los concesionarios (Faconauto). “No nos consta que se vaya a revisar, pero habría que hacerlo porque no tiene sentido –explican fuentes de esta asociación. Es un planteamiento que tiene limitaciones por todas partes. Se necesita un Plan Vive para usados similar al Prever que se puso en marcha en su día. Lo ideal sería que pudieran acceder a él personas que retiren un coche de más de diez años por la compra de un nuevo o seminuevo de hasta cinco años. Así se ampliaría el parque de vehículos afectados. Además, las ayudas deben ser directas, teniendo en cuenta como está actualmente el acceso a la financiación”.

Y es que según los datos de Anfac, correspondientes a 2007, de un parque de 21,7 millones de vehículos tan sólo 4,4 millones tenían más de 15 años. Si, como en el Plan Prever, la cuota se hubiese rebajado a diez años, la cuota de conductores susceptibles de acogerse a las ayudas hubiera ascendido a un 35% del parque. A ese escenario debe añadirse que sólo entre un 20% y un 30% de los vehículos actuales cumplen las cláusulas ecológicas. Todo sin contar el porcentaje de ellos que no se financia. Una suerte de restricciones que convierten el plan en una idea de impacto claramente menor para un sector que se despeña.

En este sentido, las nuevas previsiones de Anfac no pueden generar más inquietud. La producción de vehículos caerá un 5,5% en 2008, lo que supone un total de casi 160.000 menos que el año pasado. El mercado español de turismos descenderá alrededor de un 25%. La guinda la puso el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que se refirió ayer a los expedientes de regulación de empleo presentados por distintas empresas del sector del automóvil como una posibilidad que contempla la legislación “para superar una coyuntura y un problema, en aras de poder afianzar a la industria productiva en un futuro”.

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