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Jaime Castellanos, presidente de Vocento (Archivo).

Los consejeros que integran el núcleo de control del grupo Vocento, que el pasado mes de julio fueron denunciados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por los hermanos Carlos y Jaime Castellanos por supuesta acción concertada en contra de los intereses de los minoritarios, han prestado declaración en los primeros días de septiembre ante el inspector del organismo regulador que instruye la denuncia, según fuentes conocedoras del proceso.

Un portavoz de la CNMV aseguró ayer a este diario que “efectivamente, en julio entró en la Comisión un escrito en el sentido de lo relatado por El Confidencial (ver noticia de 30/07/08), que fue calificado como denuncia y como denuncia se está tramitando.

En esta línea, se ha pedido declaración a los denunciados, como se hace siempre en estos casos, y en estos momentos el expediente sigue su tramitación, sin que se sepa cuándo se dará comunicación del resultado a los afectados”.   

A mediados de julio, los hermanos Carlos y Jaime Castellanos Borrego, accionistas del grupo Vocento desde principios de los noventa, dirigieron un escrito a la CNMV en el que acusaban al núcleo de control del grupo editorial vasco (formado por las familias Ybarra y Luca de Tena, más Víctor Urrutia, que conjuntamente controlan más del 50% del capital) de estar actuando de forma concertada en la gestión del grupo y en detrimento de los intereses de los minoritarios, a quienes se había excluido de todas las decisiones importantes -nombramiento de ejecutivos, venta de determinadas participaciones, etc.-, adoptadas en los últimos meses.

En consecuencia, los Castellanos Borrego, que a través de la sociedad Casgo controlan el 4,4% de Vocento, solicitaban de la autoridad reguladora del mercado que obligara al bloque mayoritario a formular, de acuerdo con la Ley de Opas en vigor, una oferta pública para que el resto de los accionistas pudieran adoptar la decisión más conveniente a sus intereses, vendiendo sus participaciones o quedándose en el grupo. El precio que reclamaban para esa OPA era el de 13,71 euros, que fue la cifra que se pagó el pasado mes de abril por un 2,97% del capital que estaba en poder de Multitel (Eugenio Galdón).

El agujero de ABC y El Correo

Aquel 2,97% fue adquirido a medias por la familia Luca de Tena y por Víctor Urrutia, que de esta forma reforzaron su posición accionarial en el grupo hasta el 10% y el 10,11%, respectivamente. Aquel día, 16 de abril, los títulos de Vocento cerraron a 12,03 euros (máximo de 14,65 en marzo). Desde entonces, la acción no ha dejado de caer, en consonancia con el comportamiento general del mercado, y ayer cerró a 5,30 euros, menos de la mitad de aquella cifra. A día de hoy, Vocento capitaliza algo menos de 650 millones de euros.

Jaime Castellanos, aliado de los Bergareche y Alejandro Echevarría en el grupo editorial, no ha dejado de dar guerra en los últimos tiempos en un Vocento que, a cuenta de la dispersión accionarial y antes de que la crisis financiera se hiciera presente, se presentaba como el terreno idóneo para repetir la operación Recoletos -uno de los mayores pelotazos editoriales registrados en España, gracias a su venta a Unidad Editorial por cerca de 1.000 millones de euros-, con la variante de que esta vez el grupo vasco hubiera sido desguazado y vendido por piezas.

Tras fracasar en el intento de repetir la operación Recoletos, Jaime Castellanos se cansó de perder dinero con los editores del diario ABC y El Correo (“estos me van a hacer perder lo que he ganado con Recoletos”) y ha pretendido salir corriendo, a ser posible sin dejarse un euro en el intento. Para apoyar su pretensión, a finales de julio forzó la dimisión como consejero de su hermano Carlos, dimisión que fue aceptada por unanimidad.

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