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La vuelta del verano va despejando dudas sobre el futuro vital de las principales inmobiliarias del país. Ayer fue turno para Colonial, que celebró consejo de administración para abordar el futuro de la refinanciación de su deuda. El pacto alcanzado entre el núcleo de bancos y cajas accionistas de la inmobiliaria, que aglutinan un 20,5% del capital tras ejecutar las acciones de Luis Portillo, con los cuatro bancos acreedores incluye un plazo de entre 18 y 24 meses para acometer un plan ordenado de desinversiones.

Según las fuentes consultadas, el acuerdo alcanzado con Goldman Sachs, EuroHypo, Calyon y RBS pretende dotar a Colonial de un colchón de tiempo necesario para vender una serie de activos -todos de alta cualificación- que permita ir amortizando el pago de los 6.100 millones comprometidos con estos cuatro bancos, una cuantía que forma parte a su vez de una deuda financiera neta corporativa de 8.900 millones.

A comienzos de mes, la inmobiliaria reconoció tener muy avanzado el proceso de negociación con los bancos coordinadores del préstamo sindicado para cerrar la reestructuración completa de su deuda, tal como adelantó este diario antes del verano. En un hecho relevante remitido a la CNMV, informó de que estaba considerando, entre otras alternativas, la desinversión de activos no estratégicos y la emisión de bonos convertibles.

Entre los activos susceptibles de ser vendidos figura Riofisa. La compañía de promoción y explotación de centros comerciales comprada por Luis Portillo a la famila Losantos por 2.000 millones en 2006 ha sido sondeada por algunos potenciales compradores. Uno de los que ha llamado a la puerta de la sindicatura que lideran Banco Popular y La Caixa es el fondo inmobiliario de Carlyle, que a priori ha ofrecido un precio inicial con un descuento demasiado elevado.

“A diferencia de otras inmobiliarias españolas, Colonial sí tiene activos valiosos, tal que Riofisa, la francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL) o el 15% de FCC -que cotiza a un precio equivalente al de la propia inmobiliaria-”, han explicado a este diario fuentes del sector. La nueva estructura de capital hace que los bancos accionistas estén “dispuestos a usarlos -las participaciones- como herramientas para enjugar deuda”.

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