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El Círculo de Empresarios pide que los jueces nombren a la mayoría de vocales del CGPJ
CGPJ, Tribunal Constitucional, Círculo de Empresarios
@Daniel Toledo - 22/07/2008 06:00h
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El Círculo de Empresarios ha leído dos veces la cartilla al Gobierno en apenas dos semanas. Primero le recordó que no sólo estamos en crisis, sino que vamos hacia una recesión. Y ayer, a dos días vista de que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se reúna con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hizo público un documento en el que pide una profunda reforma de la justicia y, en concreto, de estos dos organismos.
El think tank que preside Claudio Boada propone en un informe sobre la calidad de las instituciones españoles que los nombramientos en el CGPJ retomen el antiguo sistema y doce de los vocales sean designados por el colectivo de jueces entre ternas presentadas por las asociaciones judiciales. Los ocho restantes serían nombrados por el Congreso de los Diputados. Actualmente, de los 20 vocales del Consejo, la mitad son elegidos por el Congreso y la otra mitad por el Senado. Cada Cámara elige seis por mayoría cualificada de tres quintos y otros cuatro entre abogados y juristas de reconocido prestigio.
“Hay que garantizar la independencia y la no politización de estas dos instituciones clave”, expone el Círculo, sin matizar la posibilidad de acoger opciones intermedias que evitaran que los nombramientos fueran monopolizados por las asociaciones judiciales. Respecto al Tribunal Constitucional, asegura que “convendría seleccionar a personas de larga trayectoria y experiencia, cuya independencia se garantizara con mandatos largos que finalizaran al hacerlo la vida activa del magistrado”.
Los problemas del sistema judicial español no se resolverían tan sólo con un incremento de los recursos económicos y humanos, sino que, en opinión de los empresarios, pasarían por apuestas como la implantación de las técnicas de la gestión empresarial a la organización de los juzgados y tribunales, mediante la utilización de las tecnologías de la información en los sistema de notificación y presentación de escritos y documentos por vía telemática.
Todo sin olvidar algunos datos que ponen sobre la mesa la baja calidad del sistema judicial. En primer lugar, la relación entre autos –que no entran en el fondo de la cuestión- y sentencias –que sí lo hacen-, en la que cada vez más los primeros van ganando peso sobre los segundos. En segundo, el informe destaca la deficiente ejecución de las resoluciones, “lo que supone un claro menoscabo en el buen funcionamiento del sistema económico”.
Reguladores politizados
El documento no deja títere con cabeza y exige fórmulas que avancen en la independencia de los reguladores respecto de los jugadores de esos mercados. Así, aboga la renovación no simultánea sino secuencial de los miembros del consejo regulador y por la implementación de rotaciones desconectadas del ciclo político. “Es habitual en los entes reguladores de nuestro país que la adscripción ideológica o política de sus miembros produzca visiones radicalmente contrarias de una misma realidad perfectamente susceptible de un análisis objetivo”, expone.
Y es que la comparación del marco institucional con el de nuestros competidores a la hora de captar inversiones no puede ser más inquietante, de acuerdo con los datos que se facilitan. Según la clasificación que elabora el Banco Mundial, España ocupa el puesto 38 –por detrás de la práctica totalidad de países UE y de las principales economías del mundo- en cuanto a la facilidad para hacer negocios según la normativa en vigor para la actividad empresarial. “Las principales deficiencias de la regulación española se concentran en las rigideces del mercado laboral, en las dificultades para la apertura de un negocio, en la carga de los impuestos y en la protección de los inversores”, recuerda el Círculo.
A estos obstáculos se añadirían los problemas de la fragmentación del mercado por las diferentes normativas emanadas de las comunidades autónomas, lo que obliga a las empresas a enfrentarse a diversas regulaciones según el lugar donde se ubiquen. “El número de páginas publicadas en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas, en función de las competencias asumidas, ha aumentado de manera constante y se ha multiplicado por diez entre 1978 y 2005”, alerta el texto.
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Opiniones de los lectores (1)
1. 
otro mas22/07/2008, 10:12 h.
¿Esta organización es la misma que apenas a una semana de las elecciones apoyaba a Zapatero?
El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h, con horario restringido a los invitados de 10:00 a 19:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.
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