El drama judicial de los Albertos, que estos días se sientan en el banquillo de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid por el caso de la carta falsa, arranca de la venta a KIO, en el año 1988, de los terrenos en la Plaza de Castilla de Madrid, propiedad de Urbanor, donde hoy se levantan las torres inclinadas. Tras cerrar en Londres la venta de ese suelo a Koolmees Holdings (Grupo KIO) a razón de 231.000 pesetas metro cuadrado, los empresarios regresaron a Madrid asegurando ante sus socios en Urbanor que lo habían hecho por sólo 150.000 pesetas m2.

El Tribunal Supremo (TS), en sentencia de 14 de marzo de 2003, declaró probado que Cortina y Alcocer engañaron a los accionistas minoritarios de Urbanor, Pedro Sentieri y Julio San Martín, en la venta de tales terrenos, por lo que les condenó a penas de 3 años y 4 meses de prisión, más el pago de importantes indemnizaciones, como autores de sendos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa. En febrero de 2008, el Constitucional salvó a los primos de la cárcel al considerar el delito prescrito.

Tras este fallo de Supremo, Cortina y Alcocer, con la autoría intelectual del abogado Ramón Hermosilla, supuestamente idearon la famosa carta falsa por la que ahora se les juzga (también a Hermosilla), que pretendía exculparles mediante la ficción de que habían sido ellos los engañados por Sentieri y San Martín y no al revés. Los Albertos se han defendido después en los tribunales argumentando que en realidad hubo dos precios en la transacción: el de 150.000 para los minoritarios, que cobraron cash, y el de 231.000 para quienes lo hicieron en acciones de Cartera Central (ellos mismos).

Un valioso documento que obra en poder de tales accionistas minoritarios –y también de este diario-, convertidos hoy en  acusación en el caso de la carta falsa, demuestra que el precio total pagado por KIO por los 125.000 m2 que adquirió de Urbanor (mediante la adquisición del 95% de una ampliación de capital) fue de 27.431.250.000 pesetas, a razón de 231.000 pesetas m2. La defensa de los Albertos ha solicitado al tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid que ahora les juzga que se llame a declarar al británico Richard Robinson, ex director de inversiones de KIO en su oficina de Londres.

La expectación porque comparezca es grande: es precisamente Robinson quien firma el documento que desarbola la argumentación de los primos. En efecto, se trata de una orden de pago de fecha 7 de enero de 1988, por la que Koolmees Holdings B.V. ordena al Banco Zaragozano (mayoritariamente participado entonces por Construcciones y Contratas, los Albertos), sucursal Ronda Universidad 22, Barcelona, lo siguiente: “Ruego que con cargo a mi cuenta corriente en pesetas convertibles, transfieran 5.181.009.909,00 pesetas a favor de Howritz Corporation. Este importe lo remitirán al Merrill Lynch en 7 rue Meunier Rouilly, de Ginebra. Envíen este importe neto y los gastos que se originen los carguen igualmente en mi cuenta corriente. Sin otro particular, atentamente les saluda. Firma, Richard Robinson”.

Howritz Corporation es una sociedad a la sazón propiedad de Enrique Sarasola Lerchundi, socio minoritario también de Urbanor e íntimo amigo que fue del ex presidente Felipe González, que, por el contrario, no tenía motivo alguno de queja contra los Albertos. En efecto, Sarasola, que se había comprometido a vender a KIO su participación en Urbanor (14%) por 231.000 pesetas m2, en realidad cobró a razón de 302.000 pesetas m2, hasta los ya citados 5.181 millones, muy por encima de los 3.939 que le correspondía cobrar.

El resultado es que la suma de los pagos efectuados por Koolmes Holdings (KIO) aportados al Tribunal Supremo, más este pago adicional a Howritz de 5.181 millones del que no había constancia documental (en el Supremo figuran solo 70 millones de pesetas), arroja la cantidad total de 27.431.250.000 pesetas, que es la cifra que recoge el contrato firmado en Londres por Alcocer y Cortina con Koolmees y que fue ocultado a los socios minoritarios. Aquella cantidad es el resultado de multiplicar los 125.000 m2 vendidos, por un coeficiente del 0,95 (porcentaje de Urbanor vendido) y por 231.000 pesetas m2.

No se acordó, pues, pagar 231.000 pesetas m2 a unos y 150.000 a otros, como han argumentado los Albertos. De ahí el interés que entre los letrados de la acusación ha provocado la insólita petición de las defensas de solicitar la comparecencia en Madrid de Robinson. De presentarse a declarar, el financiero de KIO podrá explicar no sólo el trato de favor a la sociedad de Enrique Sarasola, sino también el aun más favorable dispensado a Corporación Financiera Hispánica SA (una sociedad con cuantiosas pérdidas, que los primos compraron para endosarle las plusvalías derivadas de esta operación sin pagar impuestos), que cobró a razón de 388.000 pesetas m2.

20.  limerick16/09/2009, 13:03 h.

Sinceramente, después de ir leyendo los jugosos artículos de sus periodistas acompañados de pruebas irrefutables, El Confidencial resulta un periódico digno de leer. Tendrán ciertas tendencias sus
articulistas pero nada que ver con los distintos colores de los
distintos diarios, algunos de los cuales cambian de color como los
camaleones, según les apoye o nó el poder.
Pasa como con la Justicia, si sentencian a favor es buena y hay que respetarla pero si condenan la ponen a parir, hasta decir que
debían suprimirse ciertas Instituciones fundamentales o, incluso,
restarle poderes para los asuntos que les afectan.

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19.  Avi16/09/2009, 12:54 h.

Me parece que "algo" se ha perdido por el camino, ¿verdad Sarasola?.

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18.  tuvarliogegas16/09/2009, 12:53 h.

Se habla mucho de codicia, pero es que estos kuwaitíes eran unos verdaderos pescaditos en un mar de tiburones, daban para todo. Primero caer en manos de los Albertos, luego en las de De la Rosa y Piqué. No comment.

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17.  poblero de farnals16/09/2009, 11:59 h.

No digo que siempre pero, una a las mil, la justicia debería sembrar la duda en el ciudadano de que el dinero no es siempre el garante de la exención de justicia y dar algo de caña. Aunque sólo sea para asegurar y perpetuar en lo posible su fragilísima decencia.

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16.  lascosasclaras16/09/2009, 11:37 h.

Mi opinión, y puedo estar equivocado, es que tanto Julio San Martín como los Albertos son responsables conjuntamente y víctimas de su propia codicia. El Juicio este es por discrepancias en el reparto del botín.

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