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Buena parte de la economía sumergida se sostiene gracias a la presencia de la mano de obra ilegal en el mercado de trabajo y Bruselas quiere poner freno a esta situación. Según la Comisión Europea, el Estado español ocupa uno de los primeros puestos de este ranking, con un porcentaje de trabajo irregular que le sitúa junto a Italia, Bélgica y Portugal, en torno al 20%-25% del PIB. El dato sólo es superado por Grecia, donde las cifras se acercan al 30% de la actividad económica total.

La Eurocámara debate en los últimos días una directiva que penalizará duramente a los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular. La Unión Europea (UE) estima que se trata de una medida para luchar contra las condiciones de explotación propias de las actividades opacas, y contra la inmigración ilegal, presencia que estima entre 4,5 y 8 millones de personas en la UE.

La votación de la resolución legislativa prevista ha sido aplazada hasta un próximo pleno, quedando pendiente las modificaciones del capítulo de subcontratas. Se trata de la primera directriz europea que no hace recaer el peso de este tipo de infracciones exclusivamente sobre el inmigrante. Las sanciones mínimas que fija la norma incluyen: multas, exclusión y devolución de ayudas públicas durante cinco años, abono de salarios e impuestos atrasados, medidas de tipo criminal para los casos más graves y retribución de los costes relacionados con el retorno del inmigrante.

En el caso de España, ya existen sanciones financieras que oscilan entre los 6.000 y los 60.000 euros por cada trabajador en situación irregular. Históricamente, la población marroquí ha sido la más presente en nuestro país hasta que el año pasado fue superada por la de Rumanía. Marruecos contempla sanciones económicas y penas de cárcel para los nacionales que emprendan un ‘viaje’ ilegal, tipificado como delito por la ley marroquí. En este caso, es el Estado español quien corre con los gastos de repatriación, cuestión que Marruecos suele eludir alegando falta de fondos, y que incluyen, aparte del viaje de vuelta, la estancia previa en los centros de internamiento. El monto diario estimado es de 120 euros por persona y la estancia se podrá prolongar de 40 a 60 días, cuando entre en vigor la directiva del retorno.

El texto también estipula que los distintos Estados miembros comuniquen regularmente a la Comisión el informe de resultados de las inspecciones realizadas a este respecto. Está claro que dichas inspecciones también destaparían muchas de las actividades no declaradas que se llevan a cabo por parte de trabajadores europeos. Asimismo, se anima a los inmigrantes clandestinos a que identifiquen a sus empleadores, pudiendo así optar a permisos de estancia temporales como compensación. Las medidas de esta norma son menos restrictivas para los particulares que contraten a inmigrantes clandestinos sin recurrir a la explotación, en sectores como el doméstico.

España figura, junto a otros países del sur de Europa entre los defensores de esta norma. Los países del norte, volviendo a su posición histórica, temen que el espacio Schengen les haga pagar las ineficiencias de gestión migratoria de los gobiernos del sur. Así, en el debate del texto en la Eurocámara, algunos diputados señalaron que es un error criminalizar a los empleadores en un momento de recesión económica profunda. El incremento acelerado de la destrucción de empleo, hace presagiar a la Confederación Europea de Sindicatos que, teniendo en cuenta la experiencia de Estados Unidos, el resultado puede ser contrario al buscado.

Hacia una política común

Hasta el momento no existe realmente una línea de actuación comunitaria que englobe los distintos aspectos que requiere la gestión de las migraciones. El grueso de esta materia sigue recayendo en las leyes nacionales. Pero sí que existen numerosas directivas y recomendaciones que en ocasiones los Estados eligen del menú europeo à la carte.

La controversia que genera este tema a nivel social y económico, ha dilatado los objetivos comunes y poco ambiciosos que por primera vez fueron marcados en el Consejo de Tampere en 1999. El 2008 ha sido un año altamente productivo para la cuestión migratoria. Bruselas aprobó la tan polémica directiva de retorno y la carta azul para inmigrantes altamente cualificados. Como medida complementaria, el Pacto Europeo de Inmigración, auspiciado por Sarkozy, se aprobó con la intención de llegar en un futuro próximo a soluciones prácticas coordinadas como pueden ser los centros europeos de retención o repatriaciones conjuntas, según una fuente diplomática francesa.

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