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Fernando Martín y Manuel Jove. (Efe)

Los acreedores de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, protagonista del mayor concurso de acreedores de este país, quieren retirar privilegios de cobro a Bancaja. En otras palabras, pretenden que pase al último lugar de la fila para cobrar. Según el informe de los administradores concursales, al que ha tenido acceso El Confidencial, la entidad valenciana tiene un derecho de cobro “privilegiado especial” sobre unos 60 millones de euros de los aproximadamente 300 millones que la inmobiliaria le adeuda, sumando las cifras de Bancaja y Bancaja Habitat.

Los acreedores se basan en la propia Ley Concursal, cuyo artículo 92 explica con claridad que los créditos de las personas especialmente relacionadas con el deudor son créditos subordinados. Son, por tanto, no privilegiados. El siguiente artículo detalla que se consideran especialmente relacionados con el concursado los socios que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, así como los administradores en los dos años anteriores a la declaración de concurso. Sucede que Bancaja es la propietaria del 5,97% del capital de Martinsa-Fadesa.

Bancaja pide el mismo trato que el resto de entidades que forman el sindicado

Según el informe concursal, Bancaja y Bancaja Habitat son acreedores de Martinsa-Fadesa por valor de unos 300 millones de euros. De éstos, 60 millones han sido catalogados como “privilegiado especial” en concepto de escritura notarial en el caso de Bancaja y en concepto de compra de derechos de edificación en el caso de Bancaja Habitat.

La clasificación del crédito como “privilegiado especial” no es baladí. De ella depende que el acreedor sea el primero en cobrar –siempre que haya dinero-. Además, los acreedores privilegiados pueden no aceptar descuentos de su deuda e ir por libre. Por el contrario, el crédito subordinado es el último de la fila de acreedores.

Portavoces de Bancaja consultados han declarado a El Confidencial que “formamos parte de un sindicado bancario con muchas entidades y esperamos recibir el mismo trato que todas ellas”.

Si la validez de los artículos 92 y 93 de le Ley Concursal se hiciera extensiva a Caja Madrid en la figura de Carlos Vela, el impacto sobre el concurso de acreedores sería muy superior. De los cerca de mil millones de euros que Martinsa-Fadesa le adeuda a la entidad madrileña, nada menos que alrededor de 240 millones de euros de crédito lo son privilegiados especiales en concepto de escritura notarial.

Ayer trascendió que el Gobierno está estudiando la posibilidad de reformar la Ley Concursal “con el objetivo de simplificar estos procedimientos, reducir el coste de los mismos y agilizar los procesos en un momento económico como el actual”. La Ley Concursal, que entró en vigor en julio de 2003, sustituyó a la antigua normativa de quiebras y suspensiones de pagos, y se ha visto superada por la dificultad de tramitación de los concursos de empresas de gran tamaño, provocados por la actual crisis económica.

Por este motivo, el Gobierno llevará esta propuesta a la mesa de reformas estructurales con la oposición, que convocará el próximo mes de enero, “con el objetivo de resolver la modificación de la Ley lo antes posible y depurar las dificultades que plantea”, tal y como anunció este mismo martes el vicepresidente económico, Pedro Solbes.

Los Juzgados de lo Mercantil españoles han sufrido una avalancha de concursos durante este año sin precedentes, entre los que destacan los de empresas relacionadas con el sector de la construcción e inmobiliario, como Martinsa-Fadesa o Habitat. Y lo que te rondaré morena. Fuentes jurídicas consultadas han explicado a este online que “una vez declarado el concurso, se rige por la ley vigente en ese momento”, por lo que un cambio de las reglas del juego a mitad de la partida no tendría efecto sobre las ya concursadas.

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