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El fondo de la cuestión es que “hay que abaratar el factor trabajo”, insistió Escrivá, con el fin de hacer más competitivos los productos nacionales en el exterior y reducir las necesidades de financiación de la economía española, que se cuenta entre las que tienen un mayor endeudamiento neto. La propuesta lanzada ayer, que tendría impacto a corto plazo, permitiría una reducción en el crecimiento de los costes laborales unitarios de 1,5 puntos y situaría las cotizaciones sociales que pagan las empresas españolas al nivel de las de Reino Unido -por debajo del 20% sobre el coste laboral total-. La iniciativa eliminaría radicalmente, en el próximo ejercicio, el diferencial de crecimiento de los costes laborales en España en relación con la UEM, tradicionalmente más elevados.

Si tenemos en cuenta el promedio entre 2002 y 2007, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas pesan en España un 25% del coste laboral total. En Francia e Italia alcanzan un porcentaje superior, cercano al 30% en el caso de los transalpinos, aunque Alemania o Reino Unido están claramente por debajo. Hay casos, como el de Dinamarca, en el que apenas superan el 10% del coste total. En cuanto al diferencial de costes laborales unitarios con la UEM, llegó a situarse en 2005 y 2006 por encima de los dos puntos. “España tiene un problema de financiación hacia delante no trivial”, expuso Escrivá. No en vano, según los datos que maneja la entidad financiera, el elevado endeudamiento hace que los pagos por intereses asciendan ya a 3 puntos de PIB, deteriorando el saldo de la balanza por cuenta corriente.

Además de las cotizaciones, en la formación de los costes laborales también influyen los salarios. Y aquí el principal problema está en que las subidas salariales no se vinculan a la productividad. ¿Responsable? La negociación colectiva, cuya reforma urge. Más bien, recuerda el BBVA, el mecanismo vigente provoca que los incrementos de los precios, incluso cuando son transitorios, se trasladen a los salarios, fijándose en los costes laborales. “Es un modelo muy centralizado que no tiene en cuenta la situación particular de algunas empresas. Su reforma es clave, pero desgraciadamente no es un tema que esté en la agenda ni de los agentes sociales ni de las autoridades”, explicó Escrivá durante unas jornadas organizadas por la Fundación Rafael del Pino y la Asociación de Periodistas de Información Económica.

Sin inyecciones de liquidez…

El director del servicio de estudios del BBVA también se refirió a las inyecciones de liquidez acometidas por el Banco Central Europea y por los gobiernos, en concreto por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin ellas, y con los mercados cerrados, estimó que el crédito podría haber caído entre el verano de 2008 y finales de 2009 más de 100.000 millones de euros adicionales, un 10% del PIB. “Si no se hubiera neutralizado por las medidas del Gobierno, una racionamiento del crédito de esta magnitud hubiera provocado una caída adicional del PIB de un punto porcentual”. No obstante, matizó que el BCE ha hecho una gestión de riesgos macroeconómicos “no muy acertada”.

Asimismo, explicó que no se puede olvidar que parar el colapso del sistema no ha sido gratis. “Hay efectos colaterales”, aseveró. Por ejemplo,  el hecho de que los Gobiernos hayan decidido avalar a los bancos “ha provocado un efecto expulsión sobre el que no tiene los avales. Por eso se ha desviado la prima de riesgo. Las de los bancos han bajado, pero se han disparado la de las empresas no financieras”. Las curvas de cobertura de la banca y de las empresas no financieras en EEUU y la UE, medidas en credit default swaps, casi se cortaban el 10 de octubre en el entorno de los 200 puntos, mientras que a finales de noviembre las primeras superaban ampliamente los 400 y las segundas se mantenían en los 200.

Escrivá apuntó que se está destruyendo empleo con mucha facilidad y que el proceso va a ser “duro y largo”. No obstante, explicó que la bajada de tipos de interés que se acentuará en 2009 permitirá reducir la carga financiera de las familias en unos 6.000 millones. Una cuantía a la que hay que sumar otros 7.200 millones procedentes de los menores precios del petróleo y menor inflación. “Será un colchón de renta para compensar la destrucción de empleo”, zanjó.

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