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El BdE denuncia la nueva ley de Competencia que permite al Gobierno decidir a su antojo

Banco de España ley de Competencia

@Daniel Toledo - 30/05/2008 6:00h

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El BdE denuncia la nueva ley de Competencia que permite al Gobierno decidir a su antojo
 Miguel Ángel Fernández Ordóñez / Efe.

Ha tardado en emitir su dictamen, pero lo ha hecho con contundencia. El Banco de España aseguró el miércoles en un artículo de su último Boletín Económico que la reforma del modelo de defensa de competencia, aprobado el pasado mes de julio, “sigue permitiendo una elevada intervención del Gobierno en el control de concentraciones”. Es la tesis que en su día defendió el PP para pedir en el Congreso la devolución al Ejecutivo del proyecto de ley. Según el ‘popular’ Vicente Martínez Pujalte, la nueva regulación se caracterizaba por su “discrecionalidad, al cambiar el sistema sin hacerlo más objetivo y empeorando la seguridad jurídica”.

Todo a cuenta del punto en que hace especial hincapié el Banco de España y que en su día ya se llevó las mayores críticas: el Consejo de Ministros puede modificar la decisión de la autoridad de competencia “por razón de interés general”. Lo grave es que el interés general que puede justificar la intervención del Gobierno se puede sustentar en una larga lista de motivos lo suficientemente ambiguos como para ser invocados a voluntad. A saber, la defensa y seguridad nacional, la protección del medio ambiente, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos y la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la defensa de la competencia. El Banco de España sentencia que “la lista de supuestos es amplia y general, relativizando el objetivo de la defensa de la competencia”.

No lo ve así el secretario de Estado de Economía, David Vegara, que en su momento ya dejó claro que “es absolutamente razonable que el Gobierno pueda intervenir en determinados casos porque la defensa de la competencia no lo es todo”. Además, añadió que el Ejecutivo tendrá ahora “menos posibilidades de intervenir en las operaciones”, en tanto con la normativa anterior todas las concentraciones acababan en el Consejo de Ministros, mientras que con la nueva ley las decisiones quedarán en manos de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Un argumento no compartido por el Banco de España, que en sus conclusiones reitera que la mayor independencia que debería suponer la creación de un organismo único como la CNC “no se incorpora totalmente al análisis de las concentraciones económicas” por la arbitrariedad que lleva implícita esa relación de motivaciones.

Más recursos

El supervisor también estima necesario “aumentar los recursos y el personal de la autoridad de competencia”, así como “la aplicación de un régimen de sanciones estricto”, para aproximarse a las mejores prácticas internacionales. También considera demasiado complejo que el sistema de control de concentraciones se base en dos criterios: cuota de mercado y volumen de negocio. Es más, el informe advierte que el primer parámetro no suele aparecer en otros países europeos, ya que, aunque “puede ser un mejor indicador del poder de mercado en las empresas que el volumen de ventas, exige identificar el mercado relevante, lo cual no es siempre sencillo”. La nueva ley eleva el porcentaje de la cuota de mercado del 25% al 30%.

A pesar de estas críticas, el Banco de España considera que la integración del Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia en un único organismo –la citada CNC- supone un avance en términos de independencia, reforzada por la creación de un nuevo estatuto para el presidente y los consejeros. También subraya como especialmente positiva la clarificación del sistema de sanciones imponibles en caso de ejecutar una conducta prohibida y la introducción de un sistema de clemencia que reduce las sanciones para las empresas que denuncien la existencia de carteles.

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Opiniones de los lectores (1)

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1. usuario registrado emilio30/05/2008, 11:04 h.

Es cuestión de perspectiva, los que quieren barra libre en economía para, entre otras cosas, controlar el mercado, le produce inseguridad jurídica que el gobierno tenga capacidad de intervención; sin embargo, los que creemos que la autorregulación del mercado es un cuento chino que beneficia a las empresas y perjudica a los consumidores, no parece bien la posibilidad de intervención del gobierno para preservar el interés general. En momentos de inflación, con peligro de que esta pase de coyuntural a estructural, el control de carteles y lobbys es esencial. Un ejemplo lo tenemos en el G-14, lobby inmobiliario que no sólo actúa como grupo de presión ante el gobierno en demanda de ayuda pública, sino que impide la libre competencia entre sus miembros en los precios de los inmuebles. Creer que los empresarios son unos filántropos que dan trabajo, generan riqueza y dinamizan la economía, es una creencia muy extendida que conviene reflexionar. El libre mercado financiero, no suficientemente regulado y controlado, vemos lo que originó en EE.UU, contaminando el sistema y produciendo una grave crisis económica, mientras los artífices de la ingeniería financiera siguen forrados e impunes.

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