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Uno de los recursos dialécticos más socorridos al analizar la financiación autonómica tiene que ver con la existencia de una España pobre y una España rica. Ambas ‘españas’, como es lógico, se presentan como antagónicas, lo que provoca no pocas tensiones entre los gobiernos regionales. Unos y otros se acusan de ser ‘insolidarios’, lo cual no deja de sorprender teniendo en cuenta la ausencia total de cifras que se manejan en el debate. Se habla, con cierta frivolidad, de una Cataluña ‘rica’ o de un Madrid opulento, como si todos los catalanes o madrileños fueran pudientes o nadaran en la abundancia. Igualmente, se esgrime la existencia de una Andalucía ‘pobre’ o de una Extremadura depauperada, como si todos los andaluces o todos los extremeños fueran menesterosos y necesitaran la ayuda del Estado benefactor.

No es fácil definir qué es una región rica y qué es una región pobre, por lo que lo más razonable es acudir a las estadísticas oficiales para encontrar la respuesta. Y lo que dice el INE es que el PIB per cápita de los españoles (año 2007) alcanza los 23.396 euros. Siete regiones se sitúan por encima de ese umbral (País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares, y La Rioja), por lo que cabe entender que en esos territorios se concentra la renta del país. O dicho en otros términos, sus ciudadanos son ricos respecto de sus compatriotas.

En el furgón de cola, por el contrario, se encuentran cinco regiones (Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Galicia), cuyo PIB per cápita no alcanza los 20.000 euros. Se supone que los habitantes de esas comunidades son, por lo tanto, los ‘pobres’ de la nación española.

¿Es eso cierto? Un análisis más detallado de la distribución de la renta en España (concepto distinto al de riqueza) no dice exactamente eso. Veamos. El propio Instituto Nacional de Estadística publica anualmente la Contabilidad Regional de España, y entre los datos más relevantes se sitúa la Renta Disponible Bruta (RDB) por habitante, un concepto mucho más aproximado que el PIB per cápita sobre la verdadera capacidad económica de los españoles. La RDB incorpora los sueldos y salarios brutos (antes de pasar por Hacienda), las rentas procedentes del capital (acciones o fondos de inversión), las prestaciones sociales a cargo de las distintas administraciones públicas y las rentas del exterior. En sentido contrario, hay que restar lo que las familias pagan en impuestos directos (IRPF) y las cotizaciones sociales, que lógicamente merman los recursos disponibles de los hogares.

Pues bien, según esta clasificación, la renta por habitante se situó en 2005 -último año publicado- en 13.384 euros, es decir 10.012 euros menos de lo que señala el PIB per cápita. Lo relevante es que, según esta clasificación, nueve regiones se sitúan ya por encima de la media, lo que significa que no pueden considerarse pobres, sino todo lo contrario. Las regiones incluidas en esta lista son las siete que aparecían entre las comunidades más ricas en términos de PIB per cápita más Cantabria y Castilla y León, cuya renta por habitante es superior a la media, por lo que lógicamente sus habitantes no pueden calificarse como ‘pobres’. Habría, por lo tanto, ocho regiones (más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), en situación de pobreza relativa (no absoluta). Y ello dando por supuesto que alguien pueda ser considerado rico por tener una renta disponible bruta de poco más de 13.000 euros.

La pregunta que cabe hacerse a raíz de estos datos es la misma que la formulada anteriormente. ¿Es eso cierto? ¿Existen tantas diferencias económicas entre las comunidades autónomas? No parece que tampoco vayan por ahí los tiros. En el informe que ha hecho llegar el Ministerio de Economía y Hacienda a las comunidades autónomas y que servirá de base para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica (178 páginas) se incluye un cuadro que deja bien claro hasta qué punto funciona la solidaridad regional. Las cifras corresponden a 2003, pero siguen siendo válidas. Madrid (1.834 euros), Baleares (1.890 euros) y Cataluña (1.705) son las regiones con mayor capacidad fiscal por habitante, pero una vez aplicado el llamado Fondo de Suficiencia (el instrumento creado en 2002 para nivelar los recursos por habitante) resulta que las tres regiones se hunden en la clasificación general.

Madrid pasa del primer puesto al decimotercero; Baleares, del segundo al decimoquinto y Cataluña, del tercero al décimo, lo que pone de manifiesto hasta qué punto funciona la solidaridad interregional. Extremadura (933 euros) ocupa, por ejemplo, el puesto número 14 en cuanto a capacidad fiscal por habitante, pero una vez que se aplica el Fondo de Suficiencia (con una dotación que supera los 32.000 millones de euros para el conjunto de los territorios), resulta que la región extremeña es la que dispone de mayores recursos financieros por habitantes, muy por encima de Cataluña o Madrid. Al margen del País Vasco y Navarra, que no ponen ni un solo céntimo para financiar el Fondo de Suficiencia. Los territorios forales -por obligación constitucional- sí contribuyen al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), cuya dotación es sensiblemente inferior.

Y es que esto de ser ‘rico’ puede llegar a tener sus inconvenientes. La Encuesta de Condiciones de Vida refleja que los ingresos medios por persona se sitúan en 8.403 euros, nivel que superan los ciudadanos de ocho comunidades autónomas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sistema fiscal es progresivo (las rentas salariales representan el 80% del IRPF), lo que significa que el poder adquisitivo se reduce en términos reales por la aplicación de la tarifa del impuesto. Si a esto se une el hecho de que los niveles de precios (vivienda o alimentación) son superiores en las comunidades autónomas con los salarios más altos, eso da como resultado que el poder de compra de las familias que viven en regiones ‘ricas’ puede llegar a ser inferior en términos reales que el existente en regiones consideradas oficialmente ‘pobres’.

Dicho con otras palabras. En términos reales, y una vez que se han tenido en cuenta cuestiones como el Fondo de Suficiencia, la progresividad del IRPF o los niveles de precios, se puede concluir que la renta de un habitante de L`Hospitalet, Fuenlabrada o Palma no tiene por qué ser más alta que la de otro que viva en Dos Hermanas, Mérida o Valdepeñas.

Aquí radica la perversión de los modelos de financiación autonómica aprobados en los últimos 15 años. Nunca han tenido en cuenta el verdadero poder de compra de los salarios, la fuente principal de ingresos para la inmensa mayoría de las familias. Por el contrario, se ha utilizado el territorio y su capacidad económica para la distribución de fondos, lo que distorsiona la realidad y crea agravios comparativos entre regiones.

Esa política de transferencias multimillonarias desde las regiones ‘ricas’ a las ‘pobres’ es lo que explica el nacimiento de fenómenos como la Liga Norte del xenófobo Umberto Bossi, quien en 1991 puso en marcha un siniestro movimiento destinado a acabar con los ‘vagos’ del mezzogiorno italiano, una macrorregión que va desde Roma hasta Sicilia, incluida Cerdeña. Bossi ha sido el gran vencedor de las últimas elecciones italianas con un discurso populista basado en un principio: ni un euro para el sur.

Este mensaje es el que a medio y largo plazo puede calar en España si el nuevo modelo de financiación insiste en consideraciones territoriales frente a necesidades reales de los ciudadanos, lo que explica el matrimonio de conveniencia entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, dos de las regiones más dinámicas de España. El hecho de que sus propuestas estén trufadas de un cierto nacionalismo (sobre todo en el primer caso) ha evitado, por el momento, que Madrid entre al trapo, pero tarde o temprano sus ciudadanos (que son los más perjudicados por el actual sistema) caerán en la cuenta de que no por vivir en una región rica se es necesariamente rico. Y viceversa. Una obviedad que hoy por hoy nadie parece haber entendido.

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