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Todavía no saben si es posible legalmente ni ante quién tendrían que presentar la impugnación, pero los 28 socios minoritarios estafados por Alberto Cortina y Alberto Alcocer, liderados por Pedro Santieri y Julio San Martín, tienen una cosa clara: la sentencia absolutoria dictada el miércoles por el Tribunal Constitucional no es final del conocido como ‘caso Urbanor’.

Según las fuentes consultadas, la defensa de los socios minoritarios está buscando la fórmula jurídica que haga posible impugnar la sentencia dictada por el Constitucional. Uno de los primeros argumentos que barajan es el hecho de que la decisión se haya tomado en la Sala Segunda del Tribunal y no en el Pleno.

Como ya publicó ayer este diario, Santieri y San Martín enviaron el pasado viernes 15 de febrero una carta al Constitucional solicitando que el amparo de los Albertos se viera en el Pleno y no en la Sala Segunda. Ahora, y de acuerdo con las fuentes consultadas, sospechan que la Sala Segunda se reunió el martes 19 y decidieron, sin notificarlo a las partes, que esta Sala era la competente para decidir sobre este caso. Fuentes oficiales del Constitucional han negado que se produjera ninguna reunión de este tipo.

Aún así, todavía no tienen claro ni si es un argumento sólido ni ante quién tendrían que presentarlo ni la fórmula jurídica a utilizar (recurso o impugnación). Fuentes jurídicas han asegurado a este diario que la decisión tomada el miércoles por el TC no se puede recurrir ante nada ni ante nadie, pues el Constitucional está fuera del ordenamiento jurídico. “Simplemente es el máximo garante de los derechos constitucionales de todos los españoles, nada más, no se puede recurrir sus decisiones”, explican estas fuentes.

Lo que está algo más claro es que la defensa de los estafados por los Albertos puede recuperar su dinero por la vía civil, puesto que la vía penal quedó totalmente anulada tras la sentencia del TC del miércoles. Mientras, Los Albertos emitieron ayer un comunicado en el que aseguraban que son ellos los que tienen que recuperar la parte del dinero que ya habían pagado en concepto de indemnización.

Lío judicial tras la sentencia

Además de las diferentes interpretaciones de la sentencia que hacen las dos partes afectadas, la decisión del TC de interpretar el cómputo de la prescripción de un delito de forma diferente a como lo había hecho el Tribunal Supremo hasta ahora ha provocado numerosas reacciones.

La primera la del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien criticó duramente la decisión del TC por dejar que los Albertos se lleven el dinero de la estafa a casa. “Estoy convencido que cometieron el delito y que no ha prescrito”, dijo Conde Pumpido en rueda de prensa. Estas palabras han provocado a su vez las críticas al Fiscal General del máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que ha pedido a Pumpido "racionalidad" en sus críticas.

Varios expertos juristas consultados por este diario aseguran en cambio que el Constitucional tiene el poder suficiente para interpetrar la norma de la prescripción como estime oportuno porque “es el máximo intérprete de las garantías constitucionales de los españoles”. “El problema no es del TC ni del Supremo. El problema es del legislador, que ha dejado mucho margen de interpretación al juez. Es el legislador quien tiene que delimitar esa interpretación de la norma”, explica esta fuente.

Según Jaime Tapia, portavoz de Jueces para la Democracia, “el Constitucional no ha invadido las competencias del Supremo, simplemente ha interpretado de otra manera el cómputo de la prescripción. Pero es que, según el Estado de Derecho que tenemos, el TC es el indicado para hacer eso y los argumentos que utiliza no son escandalosos, ni están mal planteados, simplemente hace otra interpretación. Pero así funciona y hay que aceptarlo, nos guste más o menos”.

Ya hay un precedente de esta división de opiniones. Se trata de la sentencia 63/2005, en la que el Constitucional también corrigió al Supremo para dejar libre a un matrimonio de Orense por el mismo motivo, la prescripción del delito. Para Tapia, “el Supremo tiene que aceptar que el Constitucional es el último garante de los derechos constitucionales de los españoles”.

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