El consejo de administración del grupo químico La Seda ha acordado convocar junta general de accionistas para el próximo 7 de agosto, en que se deberán aprobar las polémicas cuentas del ejercicio 2008, que la empresa cerró con pérdidas de 565 millones de euros. En la reunión de hoy, el máximo órgano ejecutivo de la compañía ha puesto de manifiesto la importancia de las medidas iniciadas recientemente para "reequilibrar" su estabilidad financiera, consolidar los negocios a largo plazo y mantener el liderazgo en Europa.

Entre estas medidas está el traslado a la fábrica de El Prat de Llobregat (Barcelona) de todos sus servicios corporativos y administrativos, que desde 1998 estaban centralizados en un edificio de alquiler del Paseo de Gracia de Barcelona. Pese a que algunos accionistas habían insinuado la posibilidad de poner sobre la mesa en el consejo de hoy la adopción de acciones legales contra el ex presidente Rafael Español, finalmente no ha sido así y la cuestión "ni se ha planteado", según han asegurado a Efe miembros del consejo.

El principal objetivo del encuentro, han señalado, era convocar la junta de accionistas, que tendrá lugar el 7 de agosto en primera convocatoria y el 8 de agosto en segunda, para aprobar las cuentas del ejercicio 2008. La Seda está inmersa en una crisis interna que tiene su origen en que parte del accionariado, poseedor del 30% del capital, cuestionó la gestión del entonces presidente, Rafael Español, y se negó a firmar las cuentas inicialmente presentadas.

Esta división interna pareció superarse el pasado 25 de junio, cuando en el último consejo de administración los accionistas de la compañía aprobaron finalmente los resultados de 2008, que se cerró con unas pérdidas de 565 millones de euros, una cifra muy superior a los 368 millones de números rojos que se habían presentado inicialmente. Sin embargo, este conflicto interno ha tenido también consecuencias en la dirección de la empresa.

El 9 de junio, durante la celebración de un consejo de administración, Español presentó su dimisión como presidente de La Seda, cargo que fue ocupado provisionalmente por el presidente de la mutua Fiatc, Joan Castells.

No obstante, este período de interinidad fue muy breve, ya que Castells sólo asumió la presidencia durante diez días, argumentando que responsabilidades en Fiatc le impedían dedicar a la compañía el tiempo requerido, sobre todo en una situación tan delicada como la actual. La presidencia de La Seda está desde entonces en manos de José Luis Morlanes, hasta ahora consejero del grupo.

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