La Seda de Barcelona allanó ayer el camino para su recuperación. El consejo de administración presidido por José Luis Morlanes aprobó una línea de actuación que la saque de la crisis y que pasa por proponer a la junta general de accionistas una ampliación de capital de 150 millones y la “venta de activos no estratégicos a medio plazo” por un monto que oscila entre 250 y 325 millones más. Con ello, solventaría los problemas financieros a corto y medio plazo.

Aunque en principio no estaba previsto aprobar las cuentas, finalmente el consejo dio luz verde a los números presentados por el presidente. Este cambio fue posible por los ajustes realizados por el nuevo auditor, Horwath Auditores, que elevó la cifra de pérdidas en el ejercicio del 2008 de 368 millones -que es la cifra que se había enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores- a 565 millones, es decir, el 53,53% más de lo que en principio había admitido la compañía.

Aún así pesa sobre ella una deuda financiera de 868 millones de euros y ha de renegociar la reestructuración del débito. En este sentido, la compañía propondrá a algunos de los bancos que están comprometidos en el crédito sindicado el cambio de parte de la deuda por acciones de la empresa. El patrimonio neto del grupo se eleva a sólo 475 millones y tiene un fondo de maniobra negativo de 649 millones.

Según una nota oficial de la compañía, ésta ha formalizado, recientemente “un préstamo de 25 millones de euros con Caixa Geral y Millenium BCP (ampliable a 40 millones de euros por otras entidades públicas o privadas) para restablecer la operativa industrial”. Sin embargo, según fuentes de la empresa, habrá que ver todavía cómo se materializa este préstamo, ya que el director general, John Gillison, manifestó públicamente que este dinero tendría que ir destinado a la planta que La Seda tiene el Reino Unido, aunque una parte podría quedarse en la fábrica de Barcelona.

Reactivación de la planta de Barcelona

Por otra parte, la próxima semana se pondrá de nuevo en marcha la factoría que tiene en El Prat de Llobregat (Barcelona), con capacidad para fabricar 170.000 toneladas anuales de PET, aunque no estará a pleno rendimiento. Tanto esta fábrica como la que tiene en Tarragona estaban paralizadas desde hace casi dos meses como consecuencia de la falta de liquidez para pagar las materias primas a los proveedores.

La compañía también se ha dirigido de nuevo a la Generalitat de Cataluña para que ésta le dé su apoyo con el fin de segurar la viabilidad “de los negocios situados en Cataluña”. Esta ayuda debe pasar por la concesión de un crédito, por parte del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de entre 15 y 20 millones de euros. Con esta inyección monetaria, según fuentes internas, se solventarían los problemas de liquidez a corto plazo de las factorías de Tarragona y Barcelona.

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