Alberto Cortina y Alberto Alcocer (Efe).

“Unos juegan a la lotería y tienen suerte. Yo debo ser muy torpe. Asesoro legalmente a Correa desde hace ocho meses y te puedo garantizar que no puede haber nada en mi contra”. Así se defendía ayer Manuel Delgado, viejo condottieri de los Albertos, después de conocer que figura en la lista de imputados en la trama de corrupción política vinculada al PP que investiga el juez Baltasar Garzón. Con un tono abatido, lejos de la frialdad que se espera de alguien que lleva toda su vida jugando con fuego, Delgado aseguraba no tener todavía notificación alguna. Habrá que esperar para saber si al final ha terminado por quemarse.

Algo que consiguió evitar en sus años de batalla legal al filo de la navaja para lograr que el Tribunal Constitucional considerara prescrito el delito de estafa y falsedad documental por el que Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados a tres años y cuatro meses de cárcel en relación con el caso Urbanor. Los primos nunca los cumplirían. Tras años de maniobras orquestales en la oscuridad, la Sala Segunda del Alto Tribunal falló en abril de 2008 ratificando la existencia del delito, pero admitiendo la prescripción del mismo, en lo que Delgado no duda en considerar el mayor éxito de su trayectoria profesional.

Él, que arrancó como letrado más que prometedor compartiendo despacho con Ana Palacio hasta que pasó a ocuparse de los Albertos, les había salvado de la cárcel. Eso después de que éstos ocultaran a sus socios el precio real al que habían pactado, en noviembre de 1987, el valor de la venta al grupo KIO de los terrenos de Urbanor en la Plaza de Castilla. Una operación en la que los minoritarios salieron perjudicados en 4.084 millones. Aún a día de hoy, Julio San Martín y Pedro Santieri pugnan por recuperar por la vía civil los 25 millones de euros que los primos habían abonado como indemnización y que la Audiencia Provincial de Madrid les devolvió hace escasamente un mes.

La carta falsa

En el debe de Delgado, su gran fallo, un auténtico lunar, la presunta –y famosa- carta falsa utilizada para incriminar a sus socios en el caso Urbanor. La misiva, aparecida en 2003 en el buzón de Gloria Álvarez, hija del periodista Cándido, implicaba a Sanmartín y Santieri en la trama. Los Albertos estaban detrás. El pasado mes de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que los empresarios deben ser juzgados por un presunto delito de estafa procesal en grado de tentativa.

“No tengo ninguna sociedad”, aseguraba a este periódico Delgado, negando cualquier relación peligrosa. No obstante, su nombre figura como administrador de Inversiones Blanside S.A., empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, junto al también imputado José Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol y, paradójicamente, hombre de Alfonso Cortina.  Ambos comparten destino con el número dos de Delgado en su despacho, José Antonio (Pepechu). “Bueno, esa será la única sociedad en que figuro”, concedía anoche Delgado.

La imputación de Blanco estaba más que cantada. Ramón Blanco figura como consejero de Orange Market, filial en Valencia de Special Events, compañía desde la que presuntamente Francisco Correa ejercía de conseguidor de contratos públicos de las administraciones populares. Pablo Crespo -uno de los detenidos por Garzón, secretario de organización del PP en Galicia hasta 1999 y administrador único de Special Events- figura junto al propio Blanco desde el 17 de junio como apoderado en la sociedad Castano Corporate, dedicada a la promoción inmobiliaria. Tanto Crespo como Blanco habían sido administradores de la sociedad junto a Jacobo Gordon, actual administrador único y también imputado.

7. JuanC23/02/2009, 11:56 h.

Hay dos aclaraciones muy importantes respecto a esta información. Por un lado, respecto a Urbanor recordar que la inocencia de los primos quedó demostrada el pasado año con su absolución por las dos cámaras, y la confirmación de la Audiencia de Madrid. En muchos medios se ha develado información sobre cómo los ex socios de los Albertos obtuvieron un beneficio millonario de su denuncia contra ellos. Incluida la indemnización que ahora están obligados a devolver.
Respecto al escándalo de corrupción que atañe a Garzón, decir que me parece un exceso por su parte la imputación sobre algunos abogados, que deberían ser citados como testigos y no como imputados. Su prestigio queda dañado sólo por haber hecho su trabajo. ¿Quién les va a compensar por ello?

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6.  jamon11/02/2009, 22:35 h.

No hay justicia, por lo que o hay nada mas que porqueria, hmos escuchado algun politico hablar de nuestra justicia, con la que cae y con la que nos viene encima. Veremos este pais respirando con oxigeno, esto no lo arregla ni San Obama, lo nuestro. Imaginense, que como las hipotecas no se pagan y no echan a nadie en años, por que son muchos y el ratio de los bancos les baja, después [cmo en USA], cuando quieran los bancos recuperar sus popiedades por que disponen ya de liquidez suficiente, las suspensiones de pagos, las quiebras, sin medios para hacer frente a nada, sin ordenadores, sin dinero y sin redes...vereis lo que este pais, con 5.000.000 de parados, con mafias de todo tipo. Y nosotros sin justicia, RodrigueZ,lo sabe y Rajoy tambien, pero una parte de la justicia RodrigueZ, la tiene bien aleccionada y apalancada, no sigo. Vivir para ver.

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5.  Sindy11/02/2009, 12:26 h.

Otro más.¿Y de los Albertos que me dicen?

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4.  Sindy11/02/2009, 12:23 h.

Otro más.¿Y de los Albertos que me dicen?

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3. uno de cuenca11/02/2009, 11:35 h.

Estos tipos[LOS ALBERTOS] representan mejor que nada el estado de nuestra JUSTICIA y por ende de nuestra DEMOCRACIA

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