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La situación no mejora. Los inconvenientes para los usuarios continúan. El mismo día de Reyes un pasajero se quejaba de que, mientras su vuelo a Madrid desde Vigo apenas había durado 45 minutos, la espera por sus maletas se había prolongado 1 hora y 25 minutos. ¿También problemas con el handling? “No hay un problema específico. Es obvio que las cancelaciones y los retrasos no se están produciendo por una sola causa. Puede haber sido un problema concreto”, aseguran desde la compañía, sin dar más precisiones. No obstante, fuentes conocedoras de la problemática explican que “los problemas de coordinación y de gestión en cuestiones de handling no son nuevos. Lo que pasa es que ahora se suman al caos general”.

Cristina, cuyo destino final era el aeropuerto de Tenerife Sur, llegó a las Islas con más de seis horas de retraso y una noche de hotel perdida. Eso no fue lo peor. “El aeropuerto era algo parecido a un campo de refugiados”, expone. La vuelta a Madrid le supuso otras once horas de esperas. La cosa no cambiará en breve. El único avance en el encuentro de ayer fue el compromiso por parte de la empresa para al menos estudiar una propuesta de los pilotos para resolver uno de los principales escollos en la renovación del convenio colectivo: cómo se instrumenta la fusión con British Airways. Para la compañía, el sindicato de pilotos (Sepla) quiere interferir en decisiones que son del consejo de administración. Los pilotos buscan un crecimiento proporcional en la T-4 y temen que British Airways, que no tiene más capacidad para crecer en Heathrow, se lleve la parte del león.

¿Dónde está Aguirre?

Ante estas denuncias, que muchos usuarios han hecho llegar a las diferentes organizaciones de consumidores, algunas de éstas se preguntaban ayer por qué desde la Comunidad de Madrid no se ha puesto en marcha un dispositivo para canalizarlas, en tanto la autonomía tiene transferidas las competencias de consumo. “Además, Iberia tiene su sede social en Madrid y Barajas es el aeropuerto de la capital. No estaría mal que se ofreciera ese servicio”, se ironizaba desde la Unión de Consumidores (UCE) ante esa falta de acción. Fuentes de la Consejería de Economía explicaron ayer a El Confidencial que, “en cuanto nos lleguen las denuncias, se estudiarán, pero de momento no nos ha llegado ninguna”.

¿Acaso no puede la Comunidad actuar de oficio? “No, no podemos –se es tajante desde la Consejería. Estamos en contacto con las autoridades de Consumo y animamos a que se produzcan esas denuncias ante esta instancia. Hay que pensar que muchos pasajeros que han sufrido el caos eran pasajeros en tránsito y no han presentado escrito alguno”. Sin embargo, desde la UCE se recuerda que fue la Generalitat quien canalizó la presentación de reclamaciones tras los incidentes de El Prat el 28 de julio de 2006, cuando un grupo de trabajadores de los servicios de tierra de Iberia ocuparon las pistas y paralizaron el aeródromo. En apenas 20 días se produjeron más de 350 denuncias.

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, no dudó en su búsqueda de culpables y aseguró ayer que es un escándalo que la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, no haya dado la clara. “El aeropuerto de Barajas tiene una importancia fundamental, no sólo para los viajeros, para los turistas y para todo lo que tiene que ver con la navegación aérea, sino también como imagen de la Comunidad y de España”. Desde el Ministerio, el planteamiento es claro: “Lo que pasa en Iberia es un conflicto interno de una compañía privada, en el que Fomento poco puede hacer”. Y se añade que “lo único que cabe es vigilar que se cumpla lo que marca Aviación Civil respecto a indemnizaciones, reasignación en los vuelos, etc. Y en eso Iberia suele ser bastante escrupulosa”.

Si hubiera huelga, no habría indemnización

Lo peor es que, oficialmente, no está pasando nada. No hay una huelga declarada, ni siquiera el problema con los controladores se trató oficialmente de un paro. ¿Lo peor? “Bueno, aunque resulte paradójico, el hecho de que se esté viviendo una situación alegal, permite que los pasajeros puedan acceder a las compensaciones –se explica desde la UCE. Si hubiera una causa de fuerza mayor, como una huelga, la compañía podría agarrarse a eso y no existir ese derecho. Luego, afortunadamente, no hay una convocatoria oficial”. Los usuarios tienen derecho a una indemnización en función de la distancia del trayecto que va desde 250 a 600 euros. “Para eso lo mejor es reclamar a la compañía”, explica la Unión de Consumidores. Otra cosa es, si además, se busca una indemnización por daños y perjuicios.

Un tipo de reclamación por la vía judicial que alienta desde el pasado fin de semana la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), que estima que algunas indemnizaciones por daños y perjuicios podrían llegar “sin dificultad” a los 900 euros. Es más, la asociación ofrece en su web un modelo de demanda judicial. “El usuario sólo tendrá que rellenar sus datos personales para presentarla en los juzgados de su localidad de residencia, y dar así inicio a un procedimiento (juicio verbal) para el que no es necesario ni abogado ni procurador y, por tanto, carece de costes”.

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