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El oficialismo ha presentado en la Cámara de Diputados de Argentina un proyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral al grupo español Marsans, informaron fuentes parlamentarias. Haciendo pesar su mayoría en ambas cámaras, el oficialismo apuesta por sacar adelante la ley en el plazo de un mes.

La iniciativa, impulsada por diputados del gobernante Frente para la Victoria (FPV), fue elaborada rápidamente luego de que el martes último una comisión parlamentaria recomendara al plenario de las dos cámaras del Legislativo debatir una ley de expropiación de la compañía aérea. El proyecto lleva las firmas del titular del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, y del presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, el también oficialista Mariano West.

El proyecto plantea la declaración de Aerolíneas y Austral como "bienes de utilidad pública" sujetos a expropiación, pero desde la oposición ya objetan el hecho de que el Estado, además de hacerse cargo de los activos de las compañías, asuma también la abultada deuda de Aerolíneas. 

La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recomendó el martes pasado debatir una ley de expropiación de la compañía aérea luego de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un "valor simbólico". El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.

A juicio del Estado, la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español. Marsans reclamaba la opinión de un tercer tasador independiente, cuya valuación sería inapelable, tal como lo estableció el acta firmada con el Gobierno en julio, cuando se inició la negociación, pero Buenos Aires se ha negado a activar esa instancia.

El jueves último, Marsans envió una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, comunicándole que si en el plazo de una semana no procuraba una "solución amistosa" en torno a la controversia por Aerolíneas, el grupo demandará al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial. El viernes, en tanto, un juzgado resolvió intervenir la compañía aérea a solicitud del secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

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