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“Industria está templando, manejando los tiempos. Es normal que no comunique sus propuestas hasta la reunión con todos los jugadores el próximo martes. Otra cosa sería cargarse el proceso negociador”, aseguran fuentes del sector eléctrico para explicar el secretismo con el que el departamento que dirige Miguel Sebastián lleva los encuentros para resolver el problema del déficit tarifario. Un misterio que no quiere decir que en la guerra de nervios que Industria mantiene con las compañías éstas vayan a aflojar un ápice. Es más, en el documento que han hecho llegar al Ministerio se denuncia que en los últimos cinco años el aumento de sus costes ha sido del 55%, frente a una subida de la tarifa de sólo el 27%. ¿Resultado? Entre otros, un déficit acumulado pendiente de cobro de 12.000 millones.

Hoy está previsto que Sebastián se reúna con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, después de que el martes lo hiciera con José Manuel Entrecanales. Poco sabía de las intenciones de Industria el presidente de Endesa antes de acudir a la cita. Sí llevaba unas cifras bajo el brazo. Por ejemplo, el lastre que supone que la tarifa haya subido apenas la mitad que los costes desde 2002 obliga a las eléctricas a destinar una anualidad de 1.550 millones de euros para su amortización, una cantidad que supera ya, sin ir más lejos, la retribución total del transporte y la operación del sistema, que apenas se sitúa en los 1.250 millones de euros. Sin duda Entrecanales expresaría a Sebastián la indignación que no se recatan en hacer pública directivos de Endesa por el hecho de que este año a la compañía le deban a final de año casi un billón de las antiguas pesetas en concepto del déficit de tarifa. “No somos un banco para financiar un derecho de cobro nuestro”, dicen.

Para salir al paso de la situación, el documento que el sector ha hecho llegar a Sebastián cuantifica el efecto balsámico de las medidas propuestas. Por ejemplo, las eléctricas cifran en 2.500 millones de euros  el ahorro que generaría una rebaja del IVA del 16% al 7%. Ese recorte neutralizaría el impacto de la subida de tarifas sobre los usuarios en esa cuantía. También en el ámbito fiscal, el ajuste del impuesto eléctrico permitiría una reducción adicional de 960 millones de euros. En esta línea, la tan ansiada limpieza la tarifa –de partidas como los costes extrapeninsulares o las primas a las renovables- permitiría reducir el déficit del orden de 3.700 millones de euros, cumpliendo además con el objetivo de de identificar y suprimir aquellos costes que no tienen nada que ver con el suministro de energía eléctrica.  

Último recurso

Otra de las claves será cómo se regule la tarifa último recurso, teniendo en cuenta la liberalización de la tarifa doméstica que se atisba en el horizonte. “Si afecta a 10 millones de clientes no será una tarifa último recurso, será, simplemente, otra tarifa”, se lamenta el responsable jurídico de Endesa, Borja Acha. Lo que piden las eléctricas es que esa medida se constituya como opción excepcional, por lo que debería acotarse a clientes con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, un entorno en el que, en todo caso, se encuentra la mayoría de los 25 millones de clientes a tarifa. “Se puede hacer mucho sin necesidad de hacer nada –apuntan fuentes del sector. Basta con afrontar correctamente los problemas futuros. ¿Se resuelve algo con una subida anual de la tarifa del 7%? No si se sigue generando déficit. Por eso es tan importante acertar con la tarifa último recurso”.

Las empresas se quejan a Industria de que la continua intervención en el mercado ha generado un clima de gran incertidumbre, lo que ha elevado la prima de riesgo asignada al sector y reducido los márgenes disponibles para abordar proyectos por el mayor coste de la financiación, especialmente intensos en empresas con altos niveles de deuda. Y es que si algo ha disparado la preocupación por el problema del déficit tarifario ha sido la imposibilidad de colocarlo en las subastas convocadas al efecto por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Las eléctricas plantearán a Sebastián la incoherencia de pedir una financiación a 15 años, plazo que actualmente supone una eternidad para la banca.

No obstante, la preocupación por el exceso de intervención debe quedarle lejos a la presidenta de la CNE, Maite Costa. Mientras las eléctricas lamentan ese intervencionismo en el sector, con Reales Decretos Leyes por doquier que en los últimos años han venido cambiando súbitamente el marco normativo, ella abogó ayer por más regulación. En unas jornadas promovidas por el organismo que preside, aseguró que precisamente el momento actual requiere un “retorno a los principios de la regulación”, mostrándose favorable a revisar las aportaciones de Keynes, en línea con los trabajos de los Nobel de Economía, Paul Krugman y Joseph Stiglitz. “Estos pensadores –precisó- no dan la espalda a los principios de la economía de mercado, sino que se acercan a aquellas interpretaciones que consideran el mercado como un entorno con regulación rigurosa y transparente”.

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