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“Siempre hemos sido optimistas sobre la aprobación de la compra de Energy East. Sabemos que habrá condiciones, pero esperamos que sean aceptables”. Con ese estado de ánimo se espera en Iberdrola el día D y la hora H, esta misma tarde, en que la Comisión de Servicios Públicos del estado de Nueva York emitirá su dictamen final sobre la adquisición de la empresa estadounidense por la española. Es el último escollo que le queda por superar a la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán, que ya cuenta con el resto de permisos federales y estatales.

Iberdrola no oculta que ha mantenido en estos últimos días contactos con la Comisión para favorecer la consecución de un acuerdo que ha retrasado una operación que la eléctrica preveía cerrar antes del verano y que le ha dado más quebraderos de cabeza de los previstos. “Si los reguladores de Nueva York nos imponen condiciones que no son razonables, cosa que no preveo, nos replantearemos la decisión”, explicaba Galán en la última junta de accionistas de la compañía, aclarando que la provisión de 6.400 millones de euros para la operación se destinaría a otras compras en Estados Unidos.

¿Qué serían para Iberdrola unas “condiciones no aceptables”? Básicamente aquellas que limiten su intención de construir nuevas redes de transporte y distribución, así como las que establezcan restricciones a sus inversiones en parques eólicos. De hecho, la eléctrica ya ha expresado su intención de invertir unos 2.000 millones de dólares en nuevos parques eólicos en el estado de Nueva York, que supondrán mil megavatios más de generación. También se ha comprometido a un ajuste de las tarifas superior a los 200 millones de dólares con el fin de mejorar su propuesta.

A favor y en contra

Y es que aunque diversos sindicatos y agencias estatales, así como la propia senadora Hillary Clinton y el gobernador, David Paterson, se han mostrado partidarios de que la operación salga adelante, también ha habido pronunciamientos en contra, entre los que destaca el del juez de Nueva York Rafael Epstein: “Mi recomendación preferida es que la Comisión rechace la transacción”, aseveraba en su dictamen.

No obstante, planteaba  posibles condiciones en caso de que se apruebe, como restringir el reparto de dividendos de Energy East u obligar a la eléctrica vasca a destinar 646 millones a los clientes de la compañía en concepto de beneficios a la comunidad. Por su parte, los técnicos han advertido del riesgo de concentración vertical de las diferentes partes del negocios que tendría Iberdrola con la compra. En todo caso, ni el informe de los técnicos ni la decisión del juez son vinculantes para la Comisión.

La Comisión tenía que haber emitido su dictamen definitivo el pasado día 27, pero la ausencia “por causas extraordinarias” de dos de los cinco comisionados obligó al presidente del órgano regulador, Garry A. Brown, a retrasar la reunión. Energy East se dedica a la distribución y transporte de electricidad y gas en cinco estados del noreste de Estados Unidos, al tiempo que cuenta con activos de generación con una potencia total de 555 megavatios.

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