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El boom del ladrillo en España provocó el enriquecimiento de muchos empresarios que vieron en el frenesí constructor el parnaso. Se introdujeron en un mundo sin ley donde primero recibían el dinero y luego tramitaban licencias. Quien quisiera comprar un piso debía ajustarse a las normas y éstas las dictaba el promotor. La crisis ha golpeado la estrategia especulativa de muchos de ellos, que han caído incluso en estafas, vendiendo terrenos de los que todavía no eran propietarios o careciendo de licencia de obras, según un artículo publicado en El Correo Gallego.

Los estafados son las víctimas de una crisis que no se lleva el patrimonio de los empresarios, resguardado como el del presidente de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, que en un año se embolsó más de lo que pagaba su firma en sueldos. Él seguirá siendo rico mientras los obreros o quienes adquirieron una vivienda se desvelan.

El mercado del ladrillo sedujo a Juan Iglesias, quien al frente de Seiseme protagoniza uno de los casos más dramáticos de Galicia. Acumula cincuenta denuncias en los juzgados gallegos y está desaparecido. No contesta al móvil y sus víctimas están desquiciadas. Paloma y su marido compraron un chalé en Rois por 122.000 euros en septiembre del año pasado, pero no se ha puesto ni un ladrillo en la finca. Lo mismo sucede en otras dos fincas de la parroquia. Ella anuló el contrato, pero antes tuvo que suscribir un crédito puente de 30.000 euros, al igual que el resto de afectados, que podrían alcanzar los 300 en promociones en Sarriá, Pontevedra, Vigo, Rianxo, Boiro u Ourense.

Con Rólex y Lamborghini

El contrato, que más tarde rescindió, establecía que Seiseme, inmobiliaria con sede en Catoira, se haría cargo de los pagos de ese crédito puente, suscrito con La Caixa, pero desde febrero es Paloma quien paga 200 euros mensuales de intereses. Luego tendrá que devolver los 30.000. "É como se tirase os cartos pola fiestra. Nós estamos así e el segue por aí co seu rólex de ouro e o Lamborghini. Pídolle á Xustiza que faga algo", clama.

Modesto también se fió de Juan Iglesias y se lanzó a comprar una casa en una urbanización de A Cabeanca, cerca de Ourense. Entregó una señal de 3.000 y luego firmó otro crédito puente de 25.000. En total entregó 28.000, aunque algunos afectados alcanzan la cifra de 60.000. La mayor parte de ellos se ha integrado en una asociación y han interpuesto una querella criminal por estafa contra Juan Iglesias.

Tras dos años de espera, Modesto se enteró de que parte de la finca no pertenecía al promotor y no se ha levantado ni un ladrillo. "Pero él sigue con la oficina abierta y recaudando", lamenta.

No ha pedido licencia

En el caso de Paloma también existen irregularidades, pues en una respuesta del Ayuntamiento se certifica que la empresa no ha solicitado licencia de obra para construir su chalé. "Tampoco se presentó aval bancario, cuando lo obliga la ley, y el dinero se pasó a la contabilidad de la empresa, cuando legalmente debe ir destinado a una cuenta aparte", dice Modesto.

Creen que no recuperarán su dinero y varias proveedoras están a punto de cerrar. Son las víctimas del ladrillo.

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