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 Jesús Caldera, ministro en funciones de Asuntos Sociales / Efe.

Nada de rebajas de impuestos. El recién implantado Sistema Nacional de Dependencia (SND), derivado de la Ley de Dependencia, y el pago de las pensiones a largo plazo exige aumentar los ingresos del Estado puesto que, tal y como está concebido, los impuestos y cotizaciones sólo cubrirían entre el 60 y 65% de su coste. Así lo afirma el profesor José M. Labeaga en una investigación publicada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Las alternativas propuestas, basadas en la experiencia de otros países europeos con este sistema social, pasan por tener un seguro obligatorio, el aumento de los impuestos o la implantación del copago.

Según el citado estudio, en España, el porcentaje de mayores de 65 años sobre la población total casi se ha duplicado en las últimas dos décadas, pasando del 11% en 1981 a casi el 18% en la actualidad. La Ley de Apoyo a la Autonomía Personal, más conocida como Ley de la Dependencia, prevé cubrir las necesidades de 2,7 millones de dependientes actuales que, debido al envejecimiento de la población, serán 3,5 millones en 2020. El SND es el cuarto pilar del Estado de bienestar, implantado hace años en otros países de la Unión Europea, pero exige “vigilar la evolución del gasto social (pensiones, sanidad, educación, dependencia) y proponer alternativas de financiación que aseguren la sostenibilidad del mismo”, explica Labeaga.

La financiación del SND alcanza entre el 1,7 y el 2,8% del PIB en el caso de los países nórdicos y entre el 0,7 y 1,2% del PIB en Europa Central. El gasto presupuestado por la Comunidades Autónomas y la Seguridad Social para la dependencia se estimó en España para 2005 en el 1,1% y debería llegar al 2,3% en 2050. Dado el elevado esfuerzo económico, en Austria, Alemania, Luxemburgo y Bélgica financian sus sistemas mediante un seguro obligatorio; en Dinamarca, Finlandia y Suecia y con menor extensión en el Reino Unido e Irlanda se cubre mediante impuestos, por su parte, Holanda y Francia se financian de forma mixta a través de los impuestos y la Seguridad Social. El modelo español, según la nueva ley, está concebido para financiarse mediante impuestos en el que el Estado Central y las Comunidades Autónomas se reparten la carga a partes iguales.

Para garantizar el SND a todos los ciudadanos, según Labeaga, los criterios de concesión y de evaluación del grado de dependencia deber ser de “caráter nacional” aunque la gestión se realice a nivel autonómico para evitar desigualdades entre regiones. En segundo lugar, para evaluar los recursos es necesario no sólo mirar la renta del individuo sino la de su familia, así como su riqueza, su patrimonio: “El SND debe ser una medida de política eficaz porque va dirigida a un grupo concreto que lo necesita, por ello es preciso llevarla a la práctica con mucho cuidado”.

La autofinanciación del sistema

No todo es gasto público extra. El SND también puede ser una oportunidad de generación de riqueza, de retornos, gracias al aumento de las bases imponibles derivadas del impulso a la actividad económica asociada al mismo: la creación de unos 180.000 puestos de trabajo. Pero esos retornos, como venimos diciendo, sólo alcanzan entre el 60 y 65% de la necesidad de inversión anual. El autor de la investigación calcula, además, que “si se aprovechan las oportunidades se crearán empleos por el aumento de la participación laboral de personas que tenían dependientes a su cargo (cuidadores informales)”. Los colectivos que podrían beneficiarse son parados de larga duración, mujeres, trabajadores poco cualificados y un importante número de inmigrantes. Sin embargo, las previsiones más optimistas atisban una incorporación al mundo laboral del 40% de dichos cuidadores informales.

Con los datos manejados por Labeaga, España podría sostener un crecimiento del gasto sanitario público a una tasa anual del 3,05% sólo hasta 2013, por ello, “una política de control de gasto será necesaria, aunque no suficiente”. La sostenibilidad del sistema pasa por “implementar políticas impositivas combinadas con reformas del sistema de pensiones del tipo retrasar la edad legal de jubilación, abolir o endurecer los requisitos para acogerse a jubilaciones anticipadas sin penalización así como impedir utilizar el desempleo o las pensiones de invalidez como una vía de escape hacia la jubilación anticipada”.

Además, “se puede aumentar el impuesto de sucesiones y donaciones” y/o “compartir gastos, esto es, la coexistencia entre la financiación pública o privada llamada copago”. Iniciativas más novedosas son “el desarrollo de la normativa para llevar a la práctica el seguro de dependencia existente en la Europa continental o crear la hipoteca inversa para obtener unas rentas complementarias en edades avanzadas”. En definitiva, el SND es necesario y una iniciativa propia de un Estado desarrollado, pero su viabilidad exige paliar de forma inteligente la enorme presión que ejerce sobre las cuentas públicas.

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