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El Gobierno Zapatero trabaja activamente en la preparación de una cumbre bilateral España-Argelia en la que se abordarán de forma conjunta la solución de los litigios actualmente existentes entre ambos países, centrados básicamente en la decisión unilateral argelina de arrebatar a Repsol YPF y Gas Natural (GN) la explotación integral del yacimiento gasista de Gassio-Touil, y la venta a Sonatrach del 28% del capital de Cepsa en poder del Banco Santander.

Por parte española, los contactos para la celebración de esta cumbre están siendo llevados por el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, quien el pasado 8 de septiembre viajó a Argel y que está manteniendo estos días intensos contactos con las autoridades argelinas. La cumbre en cuestión se inscribiría en las reuniones de alto nivel a celebrar entre ambos Gobiernos, en el marco del Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Voluntad firmado por ambos países.

La decisión de Sonatrach, es decir, del Gobierno argelino, de rescindir unilateralmente a primeros de mes el contrato suscrito con Repsol y GN para el desarrollo del gigantesco yacimiento de Gassi-Touil causó un profundo disgusto en La Moncloa, porque el incidente ponía en evidencia la condición de peso welter del Gobierno Zapatero en la escena internacional. El propio Zapatero, muy amigo de Antonio Brufau, presidente de Repsol, se implicó en la solución de un conflicto que podía hacerle mucho daño en época electoral.

La suerte iba a venir a aliarse con las posiciones españolas. En efecto, desde el pasado mes de julio, sobre la mesa de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, descansa una oferta presentada por la petrolera estatal argelina Sonatrach por el 28% largo que el banco posee en la también petrolera española Cepsa.

Con las arcas públicas bien repletas a cuenta de los rendimientos del petróleo, Sonatrach está dispuesta a hacer feliz a Botín pagando por un paquete que no es de control –Sonatrach siempre tendría que ir en Cepsa de acompañante de la francesa Total, dueña del 49,63%- su valor en Bolsa, muy por encima de los 60 euros por acción que el banquero ha venido reclamando.

A precios de Bolsa, ese 28% vale 5.210 millones de euros, lo que equivale a pagar casi 70 euros por acción (ayer cerró a 69,55 euros), una cifra majestuosa que el banquero necesita como agua de mayo para afrontar la compra del holandés ABN Amro. El Santander tiene desde hace meses otras ofertas, tal que la de la brasileña Petrobras de la que dio cuenta este diario, pero nadie está dispuesto a pagar más allá de los 45 euros por acción, que es lo que los analistas creen que vale realmente Cepsa.

Botín accede a esperar

En esta coyuntura, Emilio Botín, que mantiene excelentes relaciones con el Gobierno Zapatero, tiene toda la prisa del mundo por vender ese 28%, pero el Gobierno le ha pedido que espere y no lo haga, y el banquero ha accedido, todo un detalle teniendo en cuenta las urgencias de la operación ABN, y teniendo también en cuenta que el Santander ya no pinta nada en el accionariado de Cepsa. Esperar, si, pero ¿hasta cuándo?

El Gobierno tiene la respuesta: hasta la celebración de esta cumbre hispano-argelina, en la cual se abordarán de forma conjunta todos los asuntos pendientes, incluso los precios del gas que Sonatrach vende a Gas Natural. El no disimulado interés que la compañía energética argelina ha mostrado por Cepsa le ha venido al Gobierno español como anillo al dedo: si Argel quiere tomar posiciones en la firma que preside Pérez de Bricio, tendrá que avenirse a una solución del conflicto con Repsol-GN.

La clave del arco del problema es que la compra de ese 28% de Cepsa en poder del Santander otorgaría a Sonatrach una posición de control sobre el futuro gasoducto Medgaz, una circunstancia que obliga al Ministerio de Industria que ocupa Clos y al propio Gobierno a evaluar cuidadosamente esa operación y sus consecuencias estratégicas para España.

La idea de un gasoducto que uniera directamente, a través del Mediterráneo y sin pasar por Marruecos, los yacimientos gasistas argelinos y la costa española fue lanzada en 2000 por la propia Sonatrach y Cepsa. Declarado “proyecto de interés prioritario” por la UE, la entrada en servicio está prevista para 2009, y la participación en el mismo está repartida entre Sonatrach (36%); Cepsa (20%); Iberdrola (20%); Endesa (12%), y Gaz de France (12%).

Aspecto importante de la historia es que la participación de Sonatrach en el gasoducto ha pasado de un inicial 20% al citado 36%, después de que Industria se aviniera, tras intensas negociaciones en meses pasados, a ese aumento porcentual que reclamaban los argelinos. El acuerdo definitivo se alcanzó en el antedespacho de Joan Clos el pasado 28 de julio, negociación en la que Sonatrach estuvo representado por el ministro Khelil, que no por su teórico presidente, Mohamed Mezlane.

Prácticamente 24 horas después de que Clos se aviniera a ese incremento (con el correspondiente aumento de la cantidad de gas que la empresa argelina podrá comercializar directamente en España), Sonatrach anunció la rescisión unilateral del contrato suscrito en 2004 con Repsol y Gas Natural para el desarrollo integral del yacimiento gasista de Gassi Touil.

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