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La Administración Central del Estado tendrá el año próximo un superávit equivalente al 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) o, dicho de otra forma, ingresará en términos de Contabilidad Nacional -incluyendo no sólo los flujos de caja, sino también los derechos y los compromisos de pago- 3.020 millones de euros. En términos de caja, el excedente será incluso mayor: 6.196 millones de euros.

¿Es este el superávit del Estado? Formalmente, sí, ya que esta forma de contabilizar los ingresos y pagos y, por lo tanto, el saldo presupuestario, está avalada por Eurostat. Pero la realidad económica -no la contable- es bien distinta. En 2008, según recoge el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008, la Administración Central se gastará 14.981 millones de euros que no computan a afectos de déficit público, lo que permite al Gobierno cumplir ampliamente el protocolo de déficit excesivo.

Esta ingente cantidad de gasto, que representa alrededor del 1,4% del PIB, se esconde tras un capítulo denominado “activos financieros”, y que en 2008 crecerá nada menos que un 23,7%, lo que le convierte en uno de los más dinámicos del presupuesto.

Los activos financieros son partidas de gastos que no se financian con cargo al presupuesto ordinario de ingresos del Estado, sino que se costean mediante la emisión de títulos públicos, lo que les permite escapar del rigor presupuestario. De esta manera, puede ocurrir -como sucederá en 2008- una aparente paradoja. El Estado tendrá superávit presupuestario el año próximo, pero, al mismo tiempo, tendrá la necesidad de aumentar el volumen de deuda pública en circulación. El año próximo, de hecho, la deuda del Estado (financiada mediante la emisión de letras, bonos y obligaciones) alcanzará los 315.900 millones de euros, lo que significa un crecimiento de 7.900 millones de euros respecto al cierre de este año.

Es decir, el Estado tendrá superávit, pero la deuda pública seguirá creciendo en términos absolutos, ya que en términos relativos caerá como consecuencia del aumento del Producto Interior Bruto.

Los activos financieros son un instrumento ‘heterodoxo’ de financiación de los gastos, puestos en funcionamiento en España en 1998, y se destinan fundamentalmente a financiar inversiones públicas para las que no hay presupuesto. Salvo que se subieran los impuestos o se recortaran otras partidas de gasto. Con esta filosofía, en 2008 la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre invertirá 2.450 millones de euros que no computan a efectos de déficit público. Igualmente, se destinarán 2.342 millones de euros a financiar los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), y otros 2.244 millones a programas de Investigación y Desarrollo (I+D) civil a cargo del Ministerio de Industria. La aportación patrimonial al Adif –el gestor de infraestructuras- totalizará 1.352 millones de euros y otros 1.308 irán destinados a programas de I+D militar a cargo de Industria.

En total, como se ha dicho, 14.981 millones de euros que no contabilizan en términos de déficit público, lo que sin duda es un ahogo para los responsables de Hacienda, que de esta manera pueden gastar sin que afecta a la solvencia nominal de la economía. De esta manera se puede explicar la utilización cada vez más frecuente de los activos financieros como instrumento para camuflar la verdadera situación de las cuentas públicas.

En el año 2000, los activos financieros ascendieron a 3.535 millones de euros; tres años más tarde, ya habría que hablar de 5.084 millones, y en 20008, como se ha dicho, 14.981 millones. Una cifra verdaderamente relevante que si se compara con la inversión real del Estado prevista para 2008 refleja que prácticamente la mitad de lo que invierte la Administración Central en infraestructuras (31.767 millones de euros) se financian al margen del presupuesto de ingresos y gastos. Es decir, de lo que se tiene en cuenta para calcular el déficit público.

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