La junta de accionistas de La Seda de Barcelona aprobó el pasado sábado abrir una acción social de responsabilidad contra su ex presidente Rafael Español por una serie de operaciones presuntamente irregulares por las que la compañía, con 565 millones de euros de pérdidas, ha provisionado 84 millones de euros.

La junta  tomaba esta decisión después de cinco horas de reunión en un clima de tensión y a puerta cerrada, porque se ha impedido a la prensa acceder a la junta, y con fuertes críticas de los socios minoritarios.

Además, también pedía una acción social de responsabilidad contra el antiguo director general Aurelio González-Isla; y contra el consejero Jacinto Soler Padró, esta última bajo la acusación de filtraciones a la prensa. El presidente de La Seda, José Luis Morlanes, también ha solicitado el cese de Soler Padró como consejero.

Soler Padró intentó que se presentara una acción de responsabilidad contra Imatosgil y Caixa Geral por una deuda del grupo Imatosgil, accionista de La Seda con un 12%, de 22 millones de euros que ha sido impagada, pero la propuesta ha sido rechazada.

La acción de responsabilidad contra Rafael Español es por una operación de presunto desvío de fondos de La Seda a través de una sociedad denominada Jatroil, y la que se ha aprobado contra el propio Español como contra González Isla es por las ventas ficticias a Túnez y Rusia.

Tras la junta, al haberse aprobado la acción social de responsabilidad, Rafael Español cesa como consejero de La Seda, si bien hoy ya no ha acudido a la junta.

Por su parte, Soler Padró, que ha sido increpado por un accionista que apoyaba al actual presidente, José Luis Morlanes, ha anunciado: "me voy por el momento" y ha lamentado que no se exijan responsabilidades a Imatosgil por la situación de La Seda, que según él es muy delicada.

En 1991, Jacinto Soler Padró compró el 54% de La Seda por una peseta y gracias a aquella operación estaba hasta ahora en el consejo.

La acción social de responsabilidad abre la vía para que la empresa estudie todas las medidas legales contra los directivos afectados y, como ha explicado el secretario general del consejo, Xavier Fontcuberta, una vez finalizada la junta: "ahora tenemos que acordar el perímetro de las acciones legales que tomamos".

La junta ha aprobado las cuentas de La Seda de 2008, con pérdidas de 565 millones de euros y una deuda de 800 millones de euros, sobre un volumen de facturación de 1.500 millones.

El actual presidente de La Seda ha asegurado que "es el momento de mirar hacia el futuro" y ha asegurado que "la junta ha sido positiva porque ha servido para cerrar una etapa".

En este sentido, otro punto positivo de la junta es que Caixa Geral ha manifestado que irá a la ampliación de capital de 150 millones de euros que propone Morlanes como uno de los pilares de su plan para que la compañía salga de su delicada situación.

La caja portuguesa, sin embargo, sólo tiene el 7% del capital y se ignora quién pondrá el resto de los fondos.

Por otro lado, Morlanes ha condicionado la supervivencia de La Seda a otros dos puntos: la refinanciación de la deuda -que incluye un crédito sindicado de 600 millones de euros- y la obtención de un préstamo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por valor de 15 millones de euros.

El plan de crisis de La Seda incluye unos ajustes de personal de 300 personas, de las que 240 son trabajadores de la planta que se cerrará en Wilton (Reino Unido), y la venta de siete plantas -entre ellas la factoría de IQA, en Tarragona-, en una operación por la que espera obtener alrededor de 300 millones de euros.

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