La participación del Estado en el capital de bancos y cajas de ahorros se abre paso. Y lo hace cada vez con más fuerza. Ayer, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, apostó sin tapujos por la necesidad de aumentar el capital de las cajas de ahorros “al menos con una facilidad parecida a la que lo hacen los bancos”.

Dicho en román paladino, la morosidad aprieta y el tiempo corre contra la cuenta de resultados de bancos y cajas de ahorros, y eso explica que las autoridades económicas reconozcan ya abiertamente que es necesario recapitalizar el sistema financiero para que siga prestando dinero a sus clientes sin poner en riesgo su solvencia. Y el instrumento que hoy por hoy se considera más adecuado para alcanzar ese objetivo es la emisión de participaciones preferentes que colocarían en el mercado las entidades con dificultades, y que serían adquiridas por el Estado a cambio de una rentabilidad.

La adquisición de estas participaciones no supone que el Estado vaya a disfrutar de derechos políticos en la entidad que emita las participaciones (no podría votar en la junta de accionistas ni remover a los gestores), pero sí tendría la seguridad de que en caso de una suspensión de pagos, la Hacienda pública cobraría antes que los propios accionistas. De ahí que a este tipo de participaciones se denominen preferentes.

La recapitalización del sistema financiero se considera una condición indispensable ante lo que se le viene encima al sistema financiero, que no es otra cosa que un aumento en vertical de la morosidad, que al acabar el año 2008 se situaba en el 3,286%. Algunas proyecciones realizadas en las últimas semanas por diversos servicios de estudios estiman ya que en 2010 la tasa de mora se situará en el entorno del 9%. Es decir, prácticamente el triple. Según Analistas Financieros Internacionales (AFI), esta tasa es coherente con un escenario en el que el desempleo se sitúe en el 19%, el endeudamiento de las familias respecto de su renta disponible se mantenga en el 128% y la actividad económica caiga entre un 2,5% y un 3%. 

Se dispara la morosidad

Un escenario, como se ve, perfectamente “previsible” como aseguró ayer a El Confidencial un directivo de la banca. Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA, sostuvo recientemente que la mora podría llegar al 8%. En cualquier caso, una tasa extremadamente elevada que sólo puede ser compensada con un crecimiento importante del capital de algunas entidades. En particular, las más afectadas por la morosidad. Hay que tener en cuenta, como dice fuertes de la banca, que ese 9% es una media, por lo que algunas entidades “tendrán una tasa del 6% y otras del 15%”, por lo que sólo ampliando capital podrán evitar caer en situaciones de insolvencia. La mora exige cubrir con recursos propios los impagados, por lo que si no se reconstituye el capital, el desequilibrio entre activo y pasivo se irá ensanchando de forma creciente.

Esta necesidad acuciante de fondos explica que el Ministerio de Economía haya dado ya los primeros pasos para crear un Fondo público destinado a recapitalizar entidades en dificultades. La intención del vicepresidente Solbes es  negociarlo con el Partido Popular, y  aunque todavía no han transcendido ‘papeles’, fuentes bien informadas creen que al PP no le suena mal la música. Eso sí, todavía no ha dicho la última palabra, aunque parece que finalmente lo asumirá como un mal menor. La CECA, igualmente, considera que la idea va en la buena dirección.

Fuentes conocedoras de los entresijos del sistema financiero calculan que las necesidades de capital para este año del conjunto del sistema financiero se situarían en el entorno de los 30.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la legislación actual impone límites a la emisión de participaciones preferentes. En concreto, no pueden exceder del 30% de los recursos propios básicos (rúbrica que se utiliza para calcular el llamado Tier 1, según las normas de Basilea II).

Las participaciones preferentes ofrecen una retribución fija (condicionada a la obtención de beneficios) y tienen una duración perpetua, si bien el emisor suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del supervisor (en el caso de las entidades de crédito, el Banco de España). Cotizan en el mercado AIAF de renta fija.

Su gran peligro es que pueden distorsionar el mercado, y de ahí que estemos en los albores de una formidable batalla en la sombra entre las entidades  solventes y las que no la son. O entre cajas y bancos. Existe el peligro cierto de que con dinero público se prime la ineficiencia. Colocando en mejor situación a quien no ha hecho sus deberes frente a quienes han cumplido las normas prudenciales inherentes al negocio bancario.

Para evitar eso, precisamente, la Comisión Europea ha elaborado tres normas -que le servirán al Gobierno de hoja de ruta- para evitar que las recapitalizaciones alteren la competencia. Y en concreto, no considerará que las participaciones preferentes son ayudas de Estado siempre y cuando la recapitalización no dé “una ventaja competitiva indebida sobre los bancos de otros Estados miembros”. Igualmente, la UE obliga a que las intervenciones públicas deban ser temporales y proporcionales, y estar concebidas de manera que incentiven a los bancos a reembolsar al Estado tan pronto como lo permitan las circunstancias del mercado”.

6.  Rolania03/04/2009, 14:21 h.

Osea,cuando les de la gana y segun sean de sus secta o de la contraria.Autonomos del mundo ya sabeis como defedenderos ,por que a estos tios,les importa solo que pagueis el IVA y el resto de impuestos.

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5.  alar03/04/2009, 13:32 h.

Para solventar la crisis no queda mas remedio que sanear el sistema financiero. De acuerdo. Montemos un fondo que se quede con los activos malos. Pero además es necesario una revolución en la política banacaria. Montoro decía ayer que de nada vale tener un sistema financiero saneado si la economía produce 4 millones de parados. !Que gran verdad!. Las entidades financieras no pueden centrar su negocio en el sector inmobiliario de bajo riesgo. Ni en la venta de cualquier producto nocivo para el cliente pero rentable para la entidad. Porque al final se ha destruido el tejido industrial y el ahorro, bases del crecimiento económico. El sector bancario ha tenido demasiada fuerza, ha mirado demasiado hacia si mismo sin valorar las consecuencias a LP. Yo espero que en todo este proceso, por fin, se pueda ver la luz al final del tunel. Y que se depuren responsabilidades. Porque no nos va a sacar del agujero quien nos ha metido en el.

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4.  descalzo03/04/2009, 11:36 h.

¿Recapitalizar? Vaya palabreja, osea con dinero público ayudar a entidades y empresas privadas, como que no me gusta...Se debería separar las entidades solventes de las que no, esa es una forma efectiva de ayudar a recapilatizar para que "den crédito a empresas y familias" yo es que me parto.

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3.  sunny03/04/2009, 10:44 h.

Y no hay nadie más ?????

Socorroooo ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

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2.  alvaro luque03/04/2009, 09:04 h.

El Estado tiene la obligación de velar por los intereses Públicos y prevenir que las entiddes financieras lleguen a una mala situación.
Y ESO, NO LO HAN HECHO.
Y ahora, tendremos que pagar los pobres, lo que se han llevado los ricos (políticos).
Ya está bien.
¿Qué pasa en Cajasur?

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