La promotora inmobiliaria Aifos se enfrenta al concurso necesario de acreedores que ha instado ante el Juzgado número 1 de lo Mercantil de Málaga una de sus empresas acreedoras, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas. La compañía soporta actualmente una deuda de unos 850 millones de euros. Entre sus principales acreedores se encuentran el Banco Popular (con unos 200 millones de euros), en Banco Pastor (unos 150 millones de euros), además de diversas cajas de ahorros, según las mismas fuentes.

Asimismo, en la lista de acreedores de Aifos también destacan un conjunto de 96 particulares y empresas proveedores de la compañía, fundamentalmente de Málaga, Córdoba y Madrid, a las que, según las mismas fuentes, la empresa podría adeudar impagos desde hace dos años. Precisamente ha sido una de estas empresas (Gestión de Obras y Reformas SL) la que la pasada semana decidió instar el concurso de acreedores, informa Ep.

La suspensión de pagos de Aifos sería así una de las mayores del sector en España, junto a las solicitadas por Martinsa-Fadesa y Tremón. La decisión de la empresa proveedora de Aifos de instar el concurso de la compañía podría haber derivado de la noticia de la presentación de concurso voluntario de acreedores de Tremón.

Según las mismas fuentes, dados los problemas de liquidez que Aifos atravesaba desde que se destapó su vinculación con el caso 'Malaya', la inmobiliaria habría optado por pagar a sus proveedores con pagarés que a su vez había recibido de Tremón. Tremón compró hace unos años a Aifos unos suelos en la Costa de Sol. La operación se pago, una parte en efectivo, otra con subrogación hipotecaria y una tercera mediante la entrega de pagarés por importe total de 63 millones de euros y que vencían el pasado 17 de noviembre

Aifos, una de las primeras promotoras de Andalucía, es propiedad de Jesús Ruiz Casado, uno de los imputados por la Operación Malaya. Ruiz Casado y el entonces director general de Aifos Genaro Briales fueron detenidos en julio de 2006 y quedaron en libertad en una semana tras pagar fianzas de 200.000 y 500.000 euros, respectivamente, en el marco de dicha operación que investiga una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.