Los activos que compre el Estado a la banca para aumentar la liquidez del sistema financiero no se adquirirán de golpe, sino de forma gradual. Fuentes oficiales confirmaron a El Confidencial que en lo que queda de año el Tesoro Público comprará títulos “de la máxima solvencia” por valor de unos 10.000 millones de euros. Posteriormente, “a lo largo de 2009”, se destinarán a ese mismo fin los 20.000 millones de euros restantes. Y sólo si es necesario la cuantía del fondo podría elevarse a 50.000 millones de euros. Esas mismas fuentes aseguraron que en ningún caso se romperá ese techo.

La creación de un Fondo de Adquisición de Activos Financieros ha sido aprobada esta misma mañana por el Consejo de Ministros y se tramitará como un Real Decreto Ley, lo que obliga a convalidar la norma en el parlamento en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (probablemente el lunes). Frente a lo que se había previsto inicialmente, el Real Decreto Ley no pasará por el Consejo de Estado para su análisis previo de legalidad.

La gestión del Fondo corresponderá al Tesoro Público a través de un Consejo Rector presidido por el vicepresidente Pedro Solbes, y en el que también tomarán asiento los secretarios de Estado de Economía y Hacienda, el presidente del ICO, la Abogacía General y la Intervención General del Estado. El Consejo Rector será el encargado de establecer las directrices generales, pero será una Comisión Ejecutiva la encargada de decidir qué clase de activos compra el Tesoro, para lo cual se ayudará de un comité técnico del que formarán parte técnicos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Para evaluar la calidad de los activos que compre el Tesoro, que se financiará mediante el endeudamiento público, se utilizarán los ‘ratings’ de las agencias de calificación, en entredicho por su papel en la crisis financiera. En principio, todo tipo de activos podrán ser adquiridos por el Estado, siempre que estén sanos, incluyendo las titulaciones que hacen las eléctricas para cobrar el déficit de tarifa. La idea es que la operación tenga un coste cero para el erario público, toda vez se pretende que la rentabilidad de los activos adquiridos sea superior al coste de las emisiones que tendrá que hacer el Tesoro para financiar el plan.

Los bancos y cajas que vendan sus activos al Tesoro cobrarán en efectivo, no en títulos públicos, lo que facilitará que el dinero llegue realmente a la economía productiva. Según los expertos, este es el mayor problema que se deriva de la creación de un fondo de estas características, ya que existe el riesgo de que las entidades se queden en sus balances con el dinero para poder así hacer frente a su propio calendario de vencimientos.

“Este no es un plan de rescate, sino que nace para fomentar la financiación de empresas y particulares”, dijeron  las fuentes citadas. Para que haya transparencia en su gestión, el Gobierno se compromete a comparecer en el Parlamento para dar cuenta de su funcionamiento. El Fondo se articulará con criterios de objetividad e igualdad de oportunidades, evitando que sólo unos pocos bancos tengan acceso a ese dinero, para lo cual se diversificará la compra de activos entre entidades.