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La posibilidad de que los problemas de liquidez de las inmobiliarias se resuelvan con dinero público se antoja, hoy por hoy, imposible. Varias fuentes de absoluta confianza aseguraron ayer a este diario que tanto el vicepresidente Solbes como el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, están decididos a favorecer una ‘purga’ en el sector inmobiliario “hasta donde sea necesario”. De esta manera se quiere dar a entender que no va a haber dinero público para atender los problemas de liquidez de las promotoras inmobiliarias, cuya capacidad de generar recursos para pagar sus cuantiosas deudas es prácticamente nula por el desplome en la venta de viviendas.

El argumento que se da tiene que ver con el hecho de que el mercado de crédito sigue funcionando, aunque sea a menor ritmo, como lo demuestra que los préstamos a las empresas crecen todavía por encima de los dos dígitos. En concreto, la financiación al sector privado ha crecido durante el primer cuatrimestre un 11,1% (tasa deflactada), lo que indicaría que bancos y cajas siguen prestando dinero. “No hay ningún problema de liquidez en ese segmento”, sostienen las fuentes. Lo que ha cambiado, aseguran, es que las entidades financieras se han vuelto, tras la crisis de las ‘subprime’ mucho más exigentes a la hora de conceder créditos, “pero si una empresa responde con las garantías suficientes no tendrá problema para captar dinero”. Eso sí, a tipos más caros. “El mercado del crédito funciona”, se indica a modo de conclusión.

Sin embargo, lo cierto es que la posibilidad de que el Estado intervenga para impedir nuevas fadesas se abre paso a medida que pasan los días, y desde distintos ángulos. Desde el frente parlamentario, el ‘agente’ más activo en pro de inyectar liquidez a la economía es CiU, que, a través de su portavoz económico, Josep Sánchez-Llibre, ha reclamado una mayor implicación de los poderes públicos en aras de evitar un “estrangulamiento” económico por falta de recursos. “No hay liquidez, y el responsable de que la haya es el Gobierno, y por eso, debe intervenir”, aseguró a El Confidencial el diputado nacionalista.

Soluciones a la crisis de liquidez

Entre las soluciones que se aportan se encuentra la posibilidad de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) haga una emisión de deuda que posteriormente se distribuiría entre las entidades financieras a través de una especie de consorcio. Con ese dinero se podría evitar el colapso de muchas empresas por falta de liquidez, y no necesariamente vinculadas al ‘ladrillo’. Hay que tener en cuenta que en el próximo semestre hay que renovar créditos por valor de unos 200.000 millones de euros, de los que la tercera parte proceden de las entidades financieras, por lo que si no hay suficiente dinero en el mercado, es muy probable que otras compañías acompañen a Fadesa-Martinsa en su descenso a los infiernos.

Entre las posibilidades que están sobre la mesa está, igualmente, la posibilidad de que se destinen los beneficios del Banco de España y de la CNMV para engrasar el mercado de dinero; o la opción de rebajar el coeficiente de inversión de la banca, lo que permitiría liberar algunos recursos para calmar la sed de los agentes económicos privados. “Este es un asunto central y nosotros seguiremos dando la matraca al Gobierno”, asegura Sánchez-Llibre.

Fuentes solventes aseguraron a El Confidencial que una propuesta ‘a la americana’ como la que propone CiU, con fuerte intervención de los poderes públicos, no es extensible a España. Fundamentalmente debido a que en EEUU las autoridades intervinieron -emitiendo bonos- con el objetivo de impedir millones de desahucios, “pero en ningún caso para evitar problemas de liquidez en el sector privado”. “Los pobres no podían pagar sus casas, y por eso se puso en marcha el paquete de medidas”, se insiste. El dinero, por lo tanto, no se ha destinado a resolver problemas de las empresas.

La posibilidad de que el Estado -se supone que a través de Sepes- adquiera suelo a los promotores, como ha sugerido el ministro de Industria, se antoja hoy, igualmente, inviable. Ni el vicepresidente Solbes ni el gobernador de España están por la labor, por lo que parece descartada. “Son las cosas de Sebastián”, aseguran las fuentes, que destacan que en este asunto el titular de Industria se ha quedado solo, con la única excepción de la Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, un fichaje suyo.

La posición de Solbes y Fernández Ordóñez, al menos por el momento, está avalada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no parece dispuesto a desautorizar a su vicepresidente en unos momentos tan delicados desde el punto de vista económico. Otra cosa es lo que tendrá que hacer a partir de octubre cuando comiencen a tramitarse los Presupuestos Generales del Estado de 2009, que necesitan el aval de CiU para salir adelante.

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