Miércoles, 20 de agosto de 2008 (Actualizado a las 13:09)

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“¿Están de acuerdo con la aprobación de las cuentas anuales?” La respuesta fue no. La decisión tomada el pasado viernes pretende debilitar el poder del sector oficial, empatado en un fifty-fifty con los críticos, lo cual impide que se apruebe una estrategia de consenso. En esta ocasión, los disidentes lograron la victoria gracias al apoyo de dos compromisarios del bando contrario.

Los discrepantes consideran que, aunque se observe una mejoría en los resultados de Central Lechera Asturiana (Clas) en 2007, identificaron falta de transparencia en gastos, dietas y otros pagos; refiriéndose -con cierto retintín- al informe contratado por la junta rectora para avalar el cambio societario que pretendía acometer la transformación de la cooperativa en sociedad limitada.

Así las cosas, se negaron a aprobar las cuentas anuales por primera vez en 41 años, y exigieron un cambio de empresa auditora. Price Waterhouse Coopers ha sido sustituida por la sociedad LKS, una compañía de auditoría del grupo Mondragón. El presidente “oficialista” de Clas, Bertino Velasco, aseguró que “ahora los críticos deben explicar su rechazo a los mejores resultados de la historia de Clas”. Velasco no tiene intenciones de dimitir. Los beneficios en 2007 ascendieron a 5,9 millones de euros y el Órgano de Gobierno pretendía distribuir 1,8 millones entre los 7.470 socios.

Sin embargo, Clas no podrá remunerar a sus accionistas. Para los socios vencedores el resultado de la votación significa un rechazo a la gestión de Clas, lo cual se traduce en una “nominación” a Pedro Astals, primer ejecutivo del grupo; con el gesto pretenden manifestar su clara oposición a la transformación de la cooperativa. Para más INRI, en la última junta general de Capsa saltaron chispas entre Astals y consejeros de Cajastur…

¿Blindará Cajastur la asturianía del grupo?

En fechas recientes la Caja de Ahorros de Asturias ofreció apoyo financiero para convertir Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) en líder mundial. Cajastur posee el 10,9 por ciento de Capsa, por tanto es el tercer accionista más relevante del grupo, por detrás de Clas que representa el 56,39 por ciento del capital y la firma francesa Bongrain, con un 27 por ciento.

Partidos políticos, instituciones y sindicatos aplaudieron la jugada para conservar la asturianía del mayor grupo cooperativo de la región y primera industria láctea española -por volumen de recogida de leche. La propuesta de Cajastur llegó en un momento decisivo. La caja se comprometió a estudiar la posibilidad de ofrecer liquidez para que los socios de Central Lechera pudieran vender sus acciones y explicó que podrían vender a un precio “razonable”, “determinado por métodos aceptados” para calcular el valor real.

Dicha tasación sería revisada anualmente para que los ganaderos pudieran transferir sus acciones en el momento que considerasen más oportuno. Los máximos mandatarios de Cajastur, Manuel Menéndez, y de Clas, Bertino Velasco, se reunieron para analizar acuerdos de compra-venta.

Cajastur prometió resolver el asunto económico a cambio de un gobierno compartido en Capsa. Entonces Bongrain reclamó sus derechos y la Caja le propuso comprar su parte…Al mismo tiempo, el pasado 6 de junio se celebró una asamblea para decidir la conveniencia de la remodelación societaria. La propuesta consistía en que la empresa podría desdoblarse en dos sociedades: una limitada que sustituiría a la actual sociedad agraria de transformación, propietaria de la marca lechera y de las participaciones de control en Capsa.

La nueva sociedad estaría integrada por 7.470 socios de Central Lechera, de los cuales 1.280 serían ganaderos activos y el resto pasivos. Se mantendría la actual sociedad para los ganaderos que producen leche, o sea, los activos. La actividad de la cooperativa se limitaría a la recogida, entrega y cobro de leche, suministro de pienso y otros servicios ganaderos. Los críticos en la última asamblea ratifican su desaprobación a la transformación.

El dilema de futuro

La exclamación procede de la calificada por los disidentes como “ingeniería societaria para hacerse con el control”, plasmada en un informe económico-jurídico firmado por el abogado y ex presidente del Principado Pedro de Silva, junto con el economista Álvaro Cuervo. Dicho análisis técnico ha sido encargado por el consejo de administración de Capsa, de ahí que muchos ganaderos lo tomen a guasa. Según el informe Silva-Cuervo: “La presencia de socios excedentes en una sociedad agraria de transformación (SAT) es incompatible con la ley”. Aunque los disidentes se opongan rotundamente al proyecto de reestructuración societaria. El “plan” cuenta con el beneplácito de Pedro Astals, de ahí los ataques reiterados al ejecutivo.

Algunos sectores califican la maniobra de “pelotazo para forrarse los de siempre”. Si los ganaderos perdieran el control de Clas, una vez que las participaciones pudieran ser adquiridas por cualquiera, bastaría comprar el 51 por ciento de esta pequeña sociedad para dominar la marca. Central Lechera Asturiana -principal activo del grupo-, además de propietaria del paquete de control de Capsa. Por tanto, cualquier sociedad de capital riesgo podría controlar todo el imperio con una pequeña inversión.

En el caso del 51 por ciento de la Sociedad Limitada ocurre otro tanto de lo mismo, nadie estaría interesado en adquirir el 49 por ciento restante. A la postre, los ganaderos que no hubiesen entrado en el sector que controle el 51 por ciento perderían el valor de sus títulos, salvo que Capsa absorbiera a la S.L.. El meollo de la cuestión, para los más disidentes, es quién ganará en el tejemaneje hacía la internacionalización de la prestigiosa marca lechera. Ciertamente la propuesta de la Caja de Ahorros apunta buenas maneras y podría ser la gran solución si se llegará a un “precio justo” y a un blindaje adecuado frente a un tiburón financiero. Capsa necesita crecer.

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