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 El ministro de Industria, Miguel Sebastián (Efe).

No habrá ni moratoria ni vuelta atrás. El Ministerio de Industria asegura que tiene previsto mantener los plazos fijados para la entrada en vigor del nuevo modelo que sustituirá a partir del 1 de julio al de la tarifa nocturna. Otra cosa es que en el departamento que dirige Miguel Sebastián exista cierto temor a que las eléctricas no hayan hecho los deberes para esa fecha. “Muchos hogares no tienen instalado un Interruptor de Contratación de Potencia (ICP), elemento necesario para controlar la demanda de energía. Es algo que las distribuidoras tenían que haber resuelto, ya que lo saben desde enero de 2007”, afirman fuentes de Industria.

Hasta el momento, los usuarios de la tarifa nocturna tienen contratada la potencia correspondiente a las horas diurnas y disfrutan de un descuento del 55% en la energía eléctrica consumida entre las 23 horas y las siete de la mañana del día siguiente, intervalo en el que entran a funcionar sus sistemas de acumulación. A cambio, tienen un leve recargo del 3% para la energía consumida el resto día. Con la modificación tendrán que contratar la máxima potencia demandada, aunque ésta sólo se utilice en puntas concretas. El ICP es el aparato eléctrico que permite limitar la potencia máxima que se puede utilizar en un suministro.

“Es un grave problema, ya que necesitamos medir la demanda para que se puedan adaptar los contratos a la nueva normativa”, precisan estas fuentes. “No se ha hecho, aunque tienen tiempo todavía, les queda un mes”, añaden, sin precisar cuántos de los 1.100.000 hogares que disfrutan de tarifa nocturna carecen todavía de la instalación necesaria. ¿Y si no se llega a tiempo? Desde el Ministerio de Industria se evita hablar de sanciones, aunque tampoco se descarta. “Hay que esperar a ver qué pasa. Entonces se decidirá qué se hace”, se explica.

Ahora bien, ¿debe recaer el coste en las eléctricas? Según Industria, no hay duda ninguna. El Real Decreto 222/208 de 15 de febrero establece que las actualizaciones quedarán exentas del devengo de los derechos de acometida (extensión, acceso y supervisión de las instalaciones), así como de las cuantías derivadas de los cambios y actuaciones en los equipos de control de medida que requieran las adaptaciones. Dicho más claro, los usuarios no deben pagar las modificaciones, lo que según la Unión de Consumidores (UCE) les supone un ahorro de 140 euros por año en cada caso. Industria tuvo que salir al paso vía real decreto ante el clamor en tierras gallegas –Galicia es una de las comunidades más afectadas por la desaparición de la tarifa nocturna- por los cobros efectuados a los usuarios por las compañías eléctricas.

Compensaciones

No obstante, fuentes próximas a las empresas afectadas aseguran que en el seno de las eléctricas existe malestar con este escenario y quieren negociar con Industria algún tipo de compensaciones por asumir costes de esta índole. De hecho, ya expresaron su rechazo frontal a hacerse cargo de la totalidad del desembolso generado por el cambio a contadores electrónicos, sustitución que debe realizarse de aquí a diez años y que resulta imprescindible para sacar todo la eficiencia energética posible al nuevo modelo de tarifas. Tendrá un coste estimado para ellas de 2.180 millones de euros (27,2 millones de contadores antiguos por 80 euros por cada uno). “Tampoco es que este proceso marche por muy buen camino”, aseguran fuentes del sector implicadas en la instalación de los nuevos contadores.

Y es que la cuestión del dinero también actúa aquí como telón de fondo. De hecho, lo único que está claro es que el desembolso no recaerá en los consumidores, que sí tendrán que pagar más por el alquiler del nuevo aparato: de 0,54 a 0,78 euros más al mes en la factura de la luz. Es ésa una subida pensada para ayudar en el proceso a las eléctricas, que son las que, según Industria, deberían asumir el coste del reemplazo. La Comisión Nacional de la Energía, sin embargo, apuntó que el coste del cambio debe recaer en las administraciones públicas. Es precisamente la falta de entendimiento entre Industria y las eléctricas la que ha propiciado la falta de información y transparencia de que ha adolecido todo el proceso, según reconocen sotto voce fuentes del sector. La UCE estima que el paso de la tarifa nocturna a la de discriminación horaria el 1 de julio puede suponer a los hogares un incremento de la tarifa de la luz de entre un 25% y un 80%.

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