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 Joan Clos (Efe)

El Banco Santander consultó con el Gobierno el pasado mes de julio la eventual enajenación de su paquete en el petrolera Cepsa (el 28%) a favor de la empresa estatal argelina de hidrocarburos Sonatrach, al objeto de conocer la opinión del Ejecutivo al respecto, según ha sabido este diario de fuentes de toda solvencia.

La entidad que preside Emilio Botín quería conocer de forma directa si existía algún impedimento oficial a que esa venta, de indudable carácter estratégico a cuenta del proyecto de gasoducto Medgaz entre Argelia y España, se llevara a efecto. De acuerdo con las fuentes, el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, no puso objeción alguna a la misma.

La gestión confirma que la oferta de Sonatrach por ese paquete en Cepsa, donde compartiría accionariado con la petrolera gala Total, está sobre la mesa de Botín desde el mes de julio, antes incluso de que los argelinos decidieran romper, a finales de dicho mes, el contrato de adjudicación otorgado a Repsol y Gas Natural para el desarrollo del yacimiento gasista de Gassi Touil.

La situación, sin embargo, ha cambiado radicalmente para Botín y el Santander en los últimos días, precisamente después de que, el pasado lunes, Repsol y su filial decidieran comunicar a la CNMV como hecho relevante la decisión de Sonatrach de romper unilateralmente dicho contrato.

Nuevo escenario tras el feo a Repsol y GN

En opinión de las fuentes, es evidente que el Gobierno de Rodríguez Zapatero tendrá que evaluar ahora la situación creada en este nuevo escenario. La clave del arco del problema es que la compra de ese 28% de Cepsa en poder del Santander otorgaría a Sonatrach una posición de control sobre el futuro gasoducto Medgaz.

La idea de un gasoducto que uniera directamente, a través del Mediterráneo y sin pasar por Marruecos, los yacimientos gasista argelinos y la costa española fue lanzada en 2000 por la propia Sonatrach y Cepsa. Declarado “proyecto de interés prioritario” por la UE, la entrada en servicio está prevista para 2009, y la participación en el mismo esta repartida entre Sonatrach (36%); Cepsa (20%); Iberdrola (20%); Endesa (12%), y Gaz de France (12%).

Aspecto importante de la historia es que la participación de Sonatrach en el gasoducto ha pasado de un inicial 20% al citado 36%, después de que Industria se aviniera, tras intensas negociaciones en meses pasados, a ese aumento porcentual que reclamaban los argelinos. El acuerdo definitivo se alcanzó en el antedespacho de Joan Clos el pasado 28 de julio, negociación en la que Sonatrach estuvo representado por el ministro Khelil, que no por su teórico presidente, Mohamed Mezlane.

Prácticamente 24 horas después de que Clos se aviniera a ese incremento (con el correspondiente aumento de la cantidad de gas que la empresa argelina podrá comercializar directamente en España), Sonatrach anunció la rescisión unilateral del contrato suscrito en 2004 con Repsol y Gas Natural para el desarrollo integral del yacimiento gasista de Gassi Touil.

La ‘conexión’ francesa

Está claro que la compra del paquete que el Santander todavía posee en Cepsa otorgaría a la empresa estatal argelina una posición de privilegio sobre el gasoducto Medgaz, una circunstancia que debería obligar al Ministerio de Industria que ocupa Clos a evaluar cuidadosamente esa operación y sus consecuencias para España.

Desde el punto de vista del Santander existen pocas dudas de que Sonatrach es el candidato idóneo para hacerse con ese 28%, ya que los argelinos cuentan con todas las ganas del mundo de comprar y con dinero más que suficiente –dados los precios actuales del crudo- para abonar la suma que reclama Botín por esa participación.

Sonatrach es, al tiempo, un candidato perfectamente idóneo desde el punto de vista de los intereses franceses para convivir en Cepsa como accionista minoritario al lado de Total (49,63% de Cepsa), puesto que ello abriría muchas puertas a la petrolera gala de cara a futuras actuaciones suyas en el sector de los hidrocarburos argelino.

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