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Ni a Fernández, ni seguro a Díaz Ferrán, se les escapa el alcance provocador de la medida, con un desempleo galopante y con el compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que no habrá una reforma laboral en esta legislatura. Es material sensible. Y aunque el presidente de la patronal ha planteado en numerosas ocasiones la necesidad de abaratar el despido y flexibilizar el mercado laboral, todo se ha quedado en grandes palabras sin una propuesta concreta sobre la mesa. Ahora ya la hay. “CEOE ha hecho un documento que va en esta línea. Nosotros hemos sido más claros y lo hemos concretado”, explicó Fernández. La próxima reforma laboral debería consolidar esos 20 días por año trabajado, desafía la patronal.

¿Con el visto bueno de Díaz Ferrán? “Hablé con él ayer y anteayer”, admitía a El Confidencial el presidente de CEIM. “Soy vicepresidente de CEOE y estamos en sintonía total con CEOE. Trabajamos al unísono. De hecho, las medidas que nosotros hemos propuesto han pasado por la patronal. Si hasta compartimos edificio”, explicó. Por si había dudas: “CEOE sabe sobre estas medidas y le parecen correctas”. Y continuó: “Yo mismo soy empresario. Y quiero conservar el empleo. Tengo 4.000 empleados y me siento orgulloso. Pero hay empresarios que pueden pagar 20 días por año, pero no pueden pagar 45 en indemnizaciones por despido. Por eso recurren a expedientes de regulación de empleo”.

La cuestión de fondo es que Fernández, por mucho que traslade la propuesta a los sindicatos madrileños, ni pincha ni corta en una iniciativa de este calado. Él mismo lo admitió: “Se tendrán que sentar Díaz Ferrán, Toxo y Méndez. Como tiene que debatirse a nivel nacional, nosotros ya le hemos pedido a CEOE que lo traslade a los sindicatos nacionales y a Zapatero”. Y no es la única medida que excede el ámbito de la comunidad. También pidió CEIM aplazar a las empresas nueve meses el pago del IVA y tres meses el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Y que los primeros 120.000 euros de beneficios de las pymes tributen al 12,5% en el Impuesto de Sociedades.

¿Le está tanteando el terreno Fernández a Díaz Ferrán o simplemente busca alborotar el gallinero? Preguntado por esta cuestión, el presidente de CEIM recuerda la importancia de su organización dentro de CEOE como factor legitimador. En todo caso, para los sindicatos hablar de un contrato que contemple una indemnización de 20 días por año es una declaración de guerra. “Es torpedear el diálogo social”, apuntaba ayer un dirigente de UGT. Fuentes de CCOO iban todavía más lejos: “Díaz Ferrán tiene dentro de poco un desayuno en el Foro Nueva Economía. Veremos si tiene redaños para plantearlo ahí”, retaban. “No tememos ninguna encerrona en el diálogo social porque la propuesta es una ocurrencia, un disparate. No vamos a improvisar modalidades de contratación en función de la situación económica”, aseguraron.

Carga contra los funcionarios

La patronal madrileña ha hecho sus cálculos. El aplazamiento del IVA y la Seguridad Social inyectaría una liquidez a las empresas equivalente al 10% de su facturación. Una cuantía nada despreciable si se tiene en cuenta que, según esas mismas estimaciones, el 15% de las pymes está en peligro de bajar la persiana. Más políticamente incorrecto es el análisis de segunda ronda que realizó Couceiro sobre la situación actual. Desde luego no hará amigos en la función pública. Recordó que hay 3,3 millones de parados y 3 millones de funcionarios, un tercio de la población activa, que “no es productiva, que no aporta nada al PIB. Que el resto soporte la crisis no es justo. De los cuatro millones de parados que habrá a final de año no habrá ninguno que sea funcionario. Y tienen incrementos salariales del 3,4%, por encima del IPC”.

El discurso de CEIM se suaviza al mirar a las Administraciones Públicas. De hecho, aunque en el documento piden que se garantice por ley que todas paguen en 60 días a sus acreedores, el discurso fue más liviano en lo que les toca. “Hemos pedido a la Comunidad de Madrid que aceleren el pago de las certificaciones de obra. Que no se pase de los 120 o los 180 días. Y que el papel se pueda descontar en el ICO, en La Caixa o en Caja Madrid”, se apuntó desde la patronal. Con la banca, vigilancia. Se pide la creación de un observatorio que garantice que el dinero público llega a las empresas y ciudadanos. “La banca dice que está dando crédito, pero a un empresario no le pueden decir que deposite el 50% de garantías cuando lo solicita”, expuso Fernández.

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