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Recuerdan En bandeja de planta, esa obra maestra de Billy Wilder. En ella, Walter Matthau es el cínico abogado que intenta explotar el leve accidente sufrido por Jack Lemmon para pedir una indemnización millonaria al ingenuo jugador de fútbol americano Boom Boom Jackson, que ha provocado la lesión y, lo que es peor para él, ha tenido la desgracia de caer en las fauces del letrado. Más allá de lo paródico, el Consejo General de la Abogacía Española no quiere los bufetes estadounidenses que han irrumpido en España a la caza y captura de clientes y jugosas compensaciones tras el accidente de avión de Spanair, que provocó 154 muertos el pasado día 20, hagan su agosto a costa de utilizar “métodos contrarios a la Ley y a la ética”.

El primero en ser amonestado ha sido el bufete Ribbeck Law, el primero que se presentó en España. Bufete de Chicago prácticamente desconocido, convocó una rueda de prensa en Las Palmas para ofrecerse a las familias de los afectados, anunciar una demanda contra Boeing y anticipar una especie de barra libre a la hora de pedir indemnizaciones. “Se le ha solicitado un requerimiento de información –explican fuentes del Consejo. Nuestros servicios jurídicos están estudiando la situación y si cabe tomar más acciones contra éste u otros bufetes”. En la misiva se pide al despacho que explique si su situación profesional le habilita para actuar en la Unión Europea o “si ha concertado los servicios de algún despacho o abogado habilitado para actuar en nuestro país”.

Y es que, de todos los bufetes norteamericanos que en los últimos días copan la ruta aérea Madrid-Gran Canaria, el de Manuel von Ribbeck es quizás el que mejor ejemplifica una figura muy tradicional en el derecho estadounidense. Son los denominados ambulance chasers (literalmente “los que van detrás de la ambulancia” para reclamar las posibles indemnizaciones). Precisamente, para evitar el hostigamiento a víctimas de accidentes, la American Bar Association, el equivalente a un consejo de la abogacía federal y que aglutina a más de 400.000 abogados en EEUU, fija en sus normas deontológicas que “un abogado no puede ni en persona, ni por teléfono, ni a través de contacto electrónico, solicitar ser contratado por un posible cliente cuando una de las razones significativas para hacerlo sea obtener una compensación económica”. Tampoco si ese acercamiento implica “coacción o acoso”.

Sin libertad para elegir

Una aproximación no muy diferente de la que hace el Consejo General de la Abogacía Española, que “sólo permite la publicidad y oferta de los servicios jurídicos que sea digna y veraz y que respete la dignidad de las personas, la normativa en general y específicamente las normas deontológicas”. Es más, en el artículo 25.2.c del Estatuto General de la Abogacía Española se considera “contrario a las normas deontológicas de la Abogacía la publicidad que suponga ofrecer sus servicios o dirigirse, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva”.

Un escenario que muchos están bordeando. “Las compensaciones pueden ser cinco o seis veces mayores si el caso se lleva en Estados Unidos que si la jurisdicción recae en España”, explicaba recientemente en rueda de prensa Fernando Scornik Gerstein, fundador del despacho que lleva su nombre y que representará en España a Podhurst Orseck, bufete americano que ha intervenido en 88 casos de accidentes aéreos y a través del cual dos familias afectadas demandará a Boeing, constructor del avión, y a Pratt & Whitney, fabricantes de algunas piezas. Antes, firmas como Matthews & Associates y Gallagher Law Firm también habían ofrecido sus servicios. “A la familia no le cuesta nada. Los costes del proceso son asumidos por el despacho”, se justifican desde los bufetes, que luego cobran en torno al 30% de la indemnización que se obtenga.

Más allá de códigos éticos, la justicia estadounidense es todavía más estricta y complicaría la intención expresada por Scornik de contactar próximamente con las familias de fallecidos o heridos para ofrecerles la representación de Podhurs Orseck “por si desean entablar acciones legales en Estados Unidos”. Y es que la Ley de Asistencia a las Familias de Desastres de Aviación aprobada en 1996 impide a los abogados contactar a las familias en los 45 días siguientes al accidente. Por eso el Colegio de Abogados recuerda la “función social” que tienen los abogados y la necesidad de que ofrezcan un “óptimo servicio en asistencia jurídica”. Claro que, como decía el gran Matthau, por qué hacer caso a todo lo que uno le dicen, “si hay algo que me revienta es un enfermo haciéndose el diagnóstico”.

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