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 Diego López Garrido, secretario de Estado para la UE.

“La seguridad aérea supone una exigencia y tiene un coste. Es necesario que nos proporcionen los medios (…) Conozco las limitaciones presupuestarias de los países y sé que deben tenerlas en cuenta, pero ya hemos demostrado que utilizamos bien el dinero público y la contribución europea es aún modesta”. De esta manera pedía recientemente -casi imploraba- más fondos a los miembros del Parlamento Europeo Patrick Goudou, director ejecutivo de la Agencia Europea de la Seguridad Aérea, de la que el Gobierno español parece haberse acordado ahora para intentar traspasarle más competencias en investigación de accidentes y seguridad.

Y es que según Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea, la seguridad aérea será una de las prioridades de la presidencia española de la UE en 2010 y para entonces la Agencia debe tener más poder, ya que actualmente se limita a autorizar el vuelo de los modelos de avión en el espacio europeo y supervisar las inspecciones de los estados miembros. El Ejecutivo querría darle “más competencias en investigaciones de accidentes y en información de incidentes técnicos”, así como en “certificación de seguridad de aeropuertos, licencias de pilotos y gestión de tráfico aéreo”.

Claro que para eso tendrá que negociar que el presupuesto de la Agencia crezca sustancialmente. De hecho, para el presente ejercicio apenas contaba con una dotación inicial de 86,2 millones de euros, de los que 30 procedían directamente de las cuentas comunitarias. Aunque la revisión efectuada a mediados de año lo situaba en 101,9 millones, esta cuantía no deja de ser la equivalente a la que, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado para este año en España destinan a organismos autónomos menores, como, por ejemplo, el Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales.

Falta de coherencia

“Sería del todo incoherente dotarnos de más tareas sin darnos los recursos necesarios para llevarlas a cabo de manera profesional”, afirmaba ante la Eurocámara Goudou, advirtiendo que, aunque el objetivo de la Agencia para 2013 es centralizar la reglamentación de la aeronáutica civil, “las autoridades nacionales tienen tareas esenciales”. Además, precisó que, si bien “la aviación comercial es el medio más seguro, está siendo de alguna forma víctima de su éxito. La demanda se concentra el turismo y la oferta tiene que esforzarse por estar a la altura y respetar las limitaciones económicas de sus clientes”.

La Agencia, que tiene su sede en Colonia, dispone de una plantilla de 400 personas, entre ellos 250 expertos aeronáuticos de 26 nacionalidades. Sólo en costes laborales la Agencia asume unos costes de 43,7 millones de euros. Además, desde su nacimiento en 2003 ha tenido serios problemas para autofinanciarse, debido sobre todo al mecanismos de cobro de las actividades de certificación. “Las tarifas se remodelaron profundamente en junio de 2007, lo que ha mejorado considerablemente la situación, ya que el nuevo modelo asegura una prefinanciación de las actividades y un nivel de ingresos más satisfactorio”, explica Goudou.

Para López Garrido, la iniciativa perseguirá en último extremo “facilitar la máxima información no sólo de accidentes, sino de incidentes que no traspasan la barrera mediática porque son meros incidentes técnicos, pero que son muy importantes para prevenir accidentes”, además de proporcionar “la máxima transparencia en la información”.

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