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Barcelona tendrá el primer fiscal especializado en acoso inmobiliario de España
@Efe.- - 04/06/2008 14:35h
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Barcelona contará con el primer fiscal en toda España especializado en casos de acoso inmobiliario, un fenómeno por el que entre 2004 y 2007 se presentaron más de 509 denuncias en las oficinas municipales de vivienda de la capital catalana, de las que siete llegaron a los tribunales.
El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y la Fiscal Superior de Cataluña, Teresa Compte, han firmado para ello hoy un acuerdo para que ambas instituciones actúen de manera coordinada si se comprueba que existen indicios de acoso entre los casos que se denuncian en estas oficinas de atención al ciudadano.
El acoso inmobiliario define las prácticas dirigidas a deteriorar la vivienda de un inquilino o un propietario, así como la presión de los especuladores de este sector para que los afectados abandonen el inmueble, normalmente de renta antigua, o afectado por un plan urbanístico.
Las funciones de este fiscal especializado -en una experiencia piloto que Compte ha adelantado quiere que se extienda a otras zonas de Cataluña- serán las de coordinarse con el consistorio para analizar estas denuncias, instruir las diligencias de investigaciones si fuera necesario y presentar ante los tribunales los casos de posible acoso si estos han de seguir la vía penal. No obstante, y antes de llegar a este extremo, el consistorio -a sabiendas de que ahora cuenta con el respaldo "disuasor" de la Fiscalía frente la acción de los acosadores- intentará hacer servir la vía de la mediación con los residentes (utilizada con éxito en 23 casos), y solo si esta falla se recurrirá a la vía penal.
El Ayuntamiento tutelará a los afectados por medio de la red de oficinas de vivienda, una por distrito, donde se recogerá la documentación que acredite esta posible conducta delictiva, que ha proliferado en los últimos años, sobre todo en Ciutat Vella, donde se produjo el 33% de estos 509 posibles casos de acoso, la mayor parte de los cuales están ahora siendo documentados. En lo que va de 2008 se han denunciado en Barcelona otras 23 situaciones más de este tipo (10 de ellas en Ciutat Vella).
Aunque el acoso inmobiliario no está tipificado específicamente como tal en el Código Penal, esta práctica abusiva se suele encuadrar como delitos contra la integridad moral o de coacción, con penas que van de 6 meses a 3 años de prisión, para el primer caso, y de 6 meses a 2 años para el segundo, a los que se podría añadir un delito de desobediencia contra el "acosador". "Se quiere ganar eficacia, que no se dé una respuesta generalista sino especializada, para que las denuncias que lleguen las tramite este fiscal", ha recalcado Compte, que ha añadido que se persigue además proteger, sobre todo, a las personas que por su situación personal y económica se encuentran desprotegidas: ancianos, inmigrantes o familias de rentas bajas, entre otros.
Fernando Rodríguez Rey, el fiscal asignado a esta tarea, ha recordado que ya existía una colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona en esta materia, y que en estos momentos hay varias diligencias de investigación y procedimientos judiciales abiertos en los Juzgados de Instrucción de la capital catalana, aunque no ha determinado cuántos.
El alcalde, Jordi Hereu, ha asegurado que con este acuerdo se crea un "circuito de coordinación y eficacia" para luchar contra un fenómeno que ataca "principalmente a los más débiles", por lo que ha destacado el papel de "antenas" que tienen las oficinas de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Ciudadano), como vía de proximidad para detectar casos.
El convenio incluye la creación de una comisión, con representantes del ayuntamiento y el fiscal asignado, que se reunirá como mínimo una vez al mes y que analizará los procedimientos de actuación, y si los casos reúnen las características objetivas suficientes para ser denunciados como tal ante la Fiscalía, que será la que decida si procede o no abrir diligencias.
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