El Consejo de Administración de Caja Madrid adaptará en su reunión de hoy los estatutos de la entidad a la nueva ley autonómica madrileña de cajas de ahorros, proyecto que debe ser ratificado el próximo 20 de julio en una Asamblea General Extraordinaria de la caja. El pasado viernes el presidente de la cuarta entidad financiera española, Miguel Blesa, subrayó que la aplicación de la nueva ley de cajas, que implica que en otoño pueda haber un nuevo presidente en la entidad, se está realizando en Caja Madrid.

Blesa aseguró que la entidad está "instalada en la normalidad, que es lo mejor que se puede decir. Nos dedicamos a trabajar, las leyes y los procesos llevan su curso y aquí, trabajando". El pasado diciembre, el Ejecutivo de Madrid promovió una ley de cajas que fue aprobada en la Asamblea de la Comunidad con el apoyo del grupo socialista.

En marzo, el Gobierno central presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la ley de cajas de Madrid, por considerar que suponía una "flagrante vulneración" de la norma básica estatal al implicar "una conformación radicalmente distinta" de la Asamblea de la entidad.

Después de tres meses, la Asamblea regional del Madrid dio el visto bueno la pasada semana a la "adaptada" ley regional, lo que supuso el pistoletazo de salida para que la entidad adapte a la norma sus estatutos y su proceso electoral, que acabará previsiblemente en noviembre con la elección de su presidente.

La entidad tiene hasta finales de julio para adaptar sus estatutos y para que sean aprobados por el máximo órgano de gobierno de la caja, la Asamblea, donde están presentes los clientes (a través de los impositores), los empleados, los partidos políticos madrileños, los ayuntamientos y entidades representativas como universidades o patronales.

En el caso de que los estatutos estén adaptados correctamente a la ley de cajas de ahorros, la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid dispondrá entonces de diez días para dar su visto bueno definitivo. En cambio, si este departamento considera que la adaptación ha sido errónea, contará con un plazo máximo de 20 días para modificar los estatutos, tras lo cual los devolverá a Caja Madrid para su aplicación definitiva al proceso electoral de la entidad.

Ese proceso, que ha sido el germen de las discrepancias en la entidad financiera, implica la renovación de la Asamblea de la caja, que es la que nombra a los miembros del Consejo de Administración. Los servicios jurídicos del Estado estudian actualmente la reciente reforma de la ley madrileña para decidir si se retira el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno ante el Constitucional contra la antigua versión de esta norma.

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