El Gobierno estima que la ejecución de los avales de la nueva línea de 3.000 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las deudas de los ayuntamientos con pymes y empresas podrían alcanzar un máximo del 40% de la dotación, 1.200 millones de euros, ante lo que el Estado tendría que abonar al Instituto un máximo de 10,62 millones en concepto de intereses y comisiones de gestión.

No obstante, advierte de que en el caso en que se produzca esta ejecución, las entidades locales soportarán la retención correspondiente en su participación en los tributos del Estado, "con lo que saldarán finalmente su deuda con empresas y autónomos".

Así consta en la memoria economía del real decreto que regula esta medida, al que tuvo acceso Europa Press, y en la que se recuerda que las operaciones que se instruyan al ICO por habilitar estas líneas tendrán la garantía de la retención de los tributos del Estado de los municipios, que sin embargo no pueden superar el 50% en un plazo de hasta 6 meses.

A cuenta de los PGE

"Por tanto, se deberá compensar al ICO del coste financiero del aplazamiento, contra la partida presupuestaria que se habilite", señala el documento, que explicó que, en caso de impago de los ayuntamientos, el coste para los Presupuestos Generales del Estado corresponderá a la comisión de gestión del Instituto de 25 puntos básicos sobre los importes que se ejecuten.

Además, el coste derivado del aplazamiento podría situarse en el 2,2% anual, por el retraso medio en recuperar el importe ejecutado. No obstante, estas cifras pueden variar en función del tipo de referencia que aplica el ICO.

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