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Fernando Arroyo León Quito, 12 dic (EFE).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, puso en marcha una estrategia para impugnar unos tramos de la deuda exterior, que considera "inmorales" e "ilegítimos", y anunció que no pagará los intereses de los bonos Global 2012 que vencen el próximo lunes.

El anuncio lo hizo Correa al finalizar el plazo para pagar 30,6 millones de dólares de un cupón de intereses de los bonos Global 2012, uno de los tramos cuestionados por su Gobierno.

Los tramos son segmentos de la deuda exterior, por ejemplo, la deuda pública contraída con Gobiernos, con organismos internacionales o bancos extranjeros.

Su posición se basa en un informe elaborado recientemente por una comisión que investigó el crédito público en los últimos 30 años y que determinó serios indicios de ilegalidad en la contratación de varios créditos y en los procesos de renegociación.

La medida, calificada de "peligrosa" por los opositores del Gobierno, supone, según el gobernante, un reto, pues considera que los acreedores podrían emprender eventuales acciones contra su país.

"Sabemos bien contra quiénes nos enfrentamos, contra verdaderos monstruos que no dubitarán (dudarán) para tratar de aplastar al país", aseguró Correa al anunciar el "default" o moratoria.

"Aceptamos esa responsabilidad, sabemos a qué nos estamos enfrentando, pero era imposible que con todas las conclusiones de la auditoría de la deuda, como presidente de la República permitiera seguir pagando esa deuda inmoral", apostilló.

Para encarar los efectos de la decisión, Correa estudia, junto a abogados nacionales e internacionales, "las estrategias jurídicas y legales para impugnar una deuda que, insisto, es inmoral e ilegítima", aunque aceptó que primero deberá "demostrar, a nivel internacional, que es ilegal".

Mientras dure el proceso, Correa insistió en que no pagará la deuda, pero dijo que en los próximos días presentará a los acreedores un "plan de reestructuración" de los pasivos.

Reconoció que "no toda la deuda es ilegítima e inmoral, pero sí una gran proporción", por lo que su plan de reestructuración permitirá a los acreedores "recuperar parte de sus papeles, pero sin exigir el monto que nominalmente representan" esos títulos.

Y es que para Correa, lo que ha pasado con la deuda exterior en su país, que actualmente llega a los 10.200 millones de dólares, es una "barbaridad", cometida por anteriores Gobiernos y agentes internacionales.

Hace 30 años la deuda exterior de Ecuador sumaba 4.000 millones de dólares, monto que se mantuvo hasta la década de los años ochenta, pese a que en ese periodo ya se habían pagado 7.000 millones. "Eso también es inaceptable para el país", declaró.

"Ya es hora de inaugurar la justicia y la dignidad, no solo a nivel del país, sino también a nivel de las relaciones internacionales, a nivel de relaciones financieras", subrayó.

Por ello, Correa pidió a los Gobiernos latinoamericanos que lo apoyen en esa estrategia, pues considera que el problema de la deuda es un asunto de interés regional.

Sin embargo, su estrategia ya ha sido criticada por la oposición, que presagia negros nubarrones sobre la economía nacional.

Ese es el criterio de Pablo Lucio Paredes, un economista opositor, que calificó a la decisión de Correa como "totalmente absurda" y que acarreará consecuencias "negativas" para el país.

Según Lucio Paredes, Ecuador podría ahorrarse unos 400 millones de dólares el próximo año por no pagar la deuda, pero también podría implicar que se cierren líneas de crédito.

El analista tampoco cree que otros Gobiernos de la región vayan a seguir el camino de Ecuador, por considerar que la decisión de Correa conlleva demasiado riesgo.

No obstante, otro analista, Hugo Jácome, de la red "Jubileo 2000", que también ha investigado sobre la deuda exterior de Ecuador, la estrategia de Correa debería sujetarse del apoyo que le puedan brindar países aliados, sobre todo en América Latina.

"Si el Ecuador tiene una política adecuada de buscar financiación con otros países aliados, para promover su plan, no va a tener mayores problemas porque, además, la economía ecuatoriana es extremadamente líquida", señaló Jácome.

Además, la decisión de Correa tiene una amplia acogida en la población, según las últimas encuestas, que advierten de que entre el 58 y el 61 por ciento de los ecuatorianos apoyaba el eventual no pago de los pasivos considerados ilegítimos. EFE fa/lnm

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