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 Joaquín Rivero.

Joaquín Rivero sigue buscando fórmulas para solucionar el revés del regulador francés a los planes de escisión de Metrovacesa. Según ha podido saber este periódico, el empresario jerezano ha gastado su penúltimo cartucho proponiéndole a Román Sanahuja una OPA conjunta sobre Gecina a cambio de cederle más activos de la inmobiliaria francesa. Según el acuerdo inicial, a la familia catalana le corresponden 37 edificios de Gecina.

“A día de hoy desconocemos esa posibilidad”, aseguran fuentes del entorno de la familia catalana. “No hay nada de eso. Estamos preparando la documentación que ha pedido el regulador francés y nada más”, explican fuentes del entorno de Rivero.

Pese a todo, las fuentes consultadas por este diario aseguran que Rivero no quiere meterse en juicios con el regulador francés, procesos que probablemente perdería y que retrasarían en exceso todo el proceso de escisión acordado en febrero con la familia Sanahuja, pero tampoco tiene músculo financiero para pagar los 600 millones que le exigiría la otra parte si no cumple el pacto. Además, los Sanahuja, que ya han terminado la variante española de la escisión (sólo les falta un paso), han demostrado que tienen prisa por acabar cuánto antes el proceso.

La raíz del problema es la decisión tomada por la AMF, la CNMV francesa, el pasado 13 de diciembre. El regulador francés no acepta el plan de dilución de capital propuesto por Rivero al acusarle de concertación con su socio Bautista Soler, por lo que superarían conjuntamente el 33% de Gecina y tendrían que lanzar una OPA por el 100%.

Pero Rivero y Soler no tienen dinero suficiente para hacer ese movimiento, así que si finalmente se ven obligados a hacerlo, un socio sería la solución. Es ahí donde entra en juego la familia Sanahuja, quien ya se ha encargado de meter presión a Rivero, como explicaba ayer este diario, avisándole de que si no cumple el pacto hasta el final tendrá que pagarles 600 millones de euros.

Reunión hoy en Madrid

Fuentes de Gecina insisten en que en el acuerdo de escisión se especifica claramente que la negativa del regulador francés obliga a ambas partes a sentarse a negociar conjuntamente la mejor salida para que la operación termine satisfactoriamente, lo que elimina cualquier posibilidad de que Rivero tenga que abonar los citados 600 millones de euros.

Precisamente hoy se reúnen ambas partes en el marco del Comité de Seguimiento del pacto. En esta reunión, los representantes de Rivero y los de Sanahuja analizarán los últimos problemas surgidos con el regulador francés y cómo se van a solucionar.

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