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 Joaquin Rivero (d) y Bautista Soler (i).

Ha bastado que la CNMV francesa pusiera la primera china en el zapato de la operación de escisión de Metrovacesa para que sus principales accionistas, Joaquín Rivero y Bautista Soler por un lado, y la familia Sanahuja por otro, reinicien las hostilidades poniendo en peligro, incluso, toda la operación.

La familia Sanahuja ha aprovechado la reciente negativa del regulador francés a aceptar el plan de separación de la sociedad para poner contra las cuerdas a Rivero. Según ha podido saber este diario, Sanahuja envió el martes una carta a Rivero pidiéndole una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del pacto de escisión con el objetivo de conocer cómo va a solucionar el andaluz este revés. Es la primera vez que esto ocurre desde que en febrero se firmó dicho pacto.

Además, el patriarca de la familia catalana recordó ayer a Rivero que si no da el siguiente paso del acuerdo y cede en un mes 37 edificios a Metrovacesa, romperá el pacto y eso le obligará a pagarle 600 millones de euros. “Ahora mismo no estamos reclamando nada, pero si no se cumple el acuerdo, lo reclamaremos”, explican en la empresa.

Según el entorno de la familia catalana, los problemas que está poniendo el regulador francés a la operación no son excusa para incumplir ese plazo porque son problemas exclusivamente de Rivero, y recuerdan que éste se comprometió a lanzar una opa por el 100% de Gecina si había algún problema legal. Los Sanahuja se apoyan en el artículo 6.4, que dice textualmente que “caso de resultar legalmente necesario, Rivero y Soler se comprometen a formular una oferta dirigida a la totalidad del capital de Gecina”.

Presión de los Sanahuja

Por tanto, según los Sanahuja, Rivero tiene que solucionar sus problemas en Francia en un mes, aunque sea lanzando una opa por el 100% de Gecina, y traspasar esos 37 edificios, o habrá incumplido el pacto y deberá pagar 600 millones de euros. Máxima presión.

Todo lo contrario cree Gecina. Según Rivero, en ninguna parte del acuerdo de escisión se habla de un mínimo de 30 días para traspasar esos activos, lo cual es cierto. Además, se apoya en otro artículo de ese pacto, el número 2, para recordar que las dos partes están comprometidas a poner todo de su parte para solucionar todos los problemas que surjan en el desarrollo del plan de escisión.

Según Rivero, por tanto, no hay ningún plazo para ceder los 37 edificios y habrá que esperar a que se solucionen los problemas en Francia para dar ese paso. En el cuartel general del andaluz interpretan que el movimiento de Sanahuja es sólo humo “porque, a estas alturas, nadie cree que se pueda dar marcha atrás a una operación muy compleja y que lleva meses cumpliéndose”.

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