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  El vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas (Efe).

El otro gran escándalo protagonizado por la CNMV de Manuel Conthe aparte de la OPA de Endesa, el cierre de la gestora Vetusta hace ahora un año, le puede costar caro al supervisor: el propietario de dicha entidad, Guillermo Menéndez, tiene previsto presentar hoy mismo en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla una querella en la que acusa a la CNMV de gravísimos delitos: prevaricación, falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos y, lo más llamativo de todo, extorsión.

La querella, a la que ha tenido accedo El Confidencial, se dirige contra Antonio Carrascosa –director general de entidades de la CNMV en ese momento y destituido fulminantemente por Julio Segura cuando relevó a Conthe en mayo, precisamente por el apoyo mostrado al anterior presidente- y contra María José Gómez Yubero –entonces directora de supervisión y desterrada en mayo a la dirección de inversores-.

No obstante, Vetusta solicita al juzgado que dé traslado de la querella a la CNMV como responsable civil directo o subsidiario por los actos de sus directivos. Asimismo, cita como testigo al propio vicepresidente del órgano supervisor, el polémico Carlos Arenillas –cabeza del ‘clan Intermoney’ junto a Miguel Sebastián- por unas declaraciones de este verano en las que aseguraba que el cierre de Vetusta se produjo por acuerdo con sus responsables.

La acusación contra Carrascosa y Gómez Yubero se basa en que fueron los firmantes del informe-propuesta que se elevó al comité ejecutivo de la CNMV para iniciar el expediente de revocación de la licencia y la suspensión cautelar de actividades de la gestora de origen asturiano, que provocó su cierre al no poder hacer frente a los gastos del negocio. Este informe encontraba indicios de delitos como blanqueo de dinero, estafa y falsedad en documento mercantil, y acusaba a la entidad de falta de medios, incumplimiento del ratio de solvencia, falta de separación entre sus actividades de gestión y de agencia bancaria, ejercicio de funciones sin autorización, falta de consolidación de las cuentas del grupo, utilización indebida de los fondos y acciones de los clientes e incluso de ser una “sociedad fantasma”.

A juicio de Menéndez, todas estas acusaciones son falsas y los directivos de la CNMV eran perfectamente conscientes de ello. Así lo demuestra que el expediente finalmente se cerrara sin sanciones unos meses después, cuando el daño ya estaba hecho. De ahí provienen las acusaciones de prevaricación –castigadas con inhabilitación de siete a diez años- y falsedad en documento oficial –por la que les pueden caer a estos funcionarios penas de prisión de tres a seis años, aparte de multa e inhabilitación especial-.

Respecto a esta última, la querella asegura que Carrascosa y Gómez Yubero falsearon el informe de la inspectora María del Mar Rubio, la encargada de investigar a Vetusta, “para adecuarlo a sus apetencias, atribuyéndole afirmaciones que no se ajustan a los que ella sostenía”. A ese informe se refiere también el delito de infidelidad en la custodia de documentos -también penada con prisión de uno a cuatro años-, ya que fue ocultado por parte de la CNMV pese a los requerimientos de Vetusta para que le fuera entregado.

Por último, la acusación más infrecuente es la de extorsión –de uno a cinco años de prisión-. Según la querella, la CNMV intimidó a los directivos para firmar un compromiso ilegal de renuncia a acciones penales y civiles a cambio de que el expediente se cerrara sin resolución, bajo amenaza de impedirles el ejercicio de sus profesiones si dictaba una sanción de inhabilitación.

Ahí es donde entra Arenillas, puesto que “si alguien ha cometido una irregularidad no se le puede dejar sin sanción alcanzando un acuerdo con él; es como si la guardia civil te pilla a 160 por hora pero no te multa porque se pone de acuerdo contigo”, explican fuentes jurídicas consultadas.

Vetusta fue suspendida cautelarmente el 26 de diciembre del año pasado sin que en ese momento la CNMV ofreciera ningún motivo; es más, reconoció no había fraude ni perjuicio para sus clientes, que pudieron retirar todo su patrimonio sin problemas sólo un mes después. Esta suspensión provocó que Banesto rompiera el acuerdo de representación que aportaba el grueso del negocio de Vetusta –y se quedó con las cuentas bancarias de sus clientes-, lo que motivó su cierre y el despido de sus 50 empleados. Posteriormente, el banco de inversión norteamericano Piper Jaffray también disolvió su asociación con Vetusta para lanzar su actividad en el Sur de Europa.

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