La Audiencia de Barcelona aplaza hasta enero el juicio por el caso Gran Tibidabo

Lunes, 10 de diciembre de 2007 (Actualizado a las 17:58)

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La Audiencia de Barcelona aplaza hasta enero el juicio por el caso Gran Tibidabo

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EP - 10/12/2007 17 : 57

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El abogado del Estado rechaza retirar los cargos de fraude fiscal contra cinco encausados

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El juicio por la descapitalización de la compañía Gran Tibidabo, que desde hoy debía sentar en el banquillo de los acusados al empresario catalán Javier De la Rosa y a otras siete personas, se aplazó este mediodía hasta el lunes 14 de enero después de que el abogado del Estado rechazara retirar la acusación contra De la Rosa y otros cuatro encausados por defraudar a Hacienda 1,6 millones de euros a Hacienda, tal y como hizo la Fiscalía.

La Audiencia de Barcelona decidirá hasta entonces si finalmente se juzga a estos acusados sólo por un delito contra la Hacienda Pública, después de que la Fiscalía anunciara hoy que había llegado a un acuerdo con las defensas para que De la Rosa y otros cinco acusados asumieran la apropiación indebida de 68 millones de euros de la compañía Gran Tibidabo a cambio de una reducción sustancial de las penas, pacto al que se han adherido todas las acusaciones particulares reservándose el derecho a acudir a la vía civil.

En su nuevo escrito de conclusiones provisionales, que modifica el que presentó en el año 2000, la Fiscalía Anticorrupción retira los cargos de fraude fiscal contra De la Rosa, Florencio Cerdà, Joan Cruells, Arturo Piñana y Carolina Malagelada. En cuanto a la esposa del empresario catalán, Mercedes Misol, su defensa pidió que se dicte su sobreseimiento libre, ya que el Ministerio Fiscal no presenta cargos para ella y las acusaciones particulares se adhirieron hoy a su petición.

El Ministerio Fiscal tiene en cuenta en su nuevo escrito la atenuante de reparación parcial del daño, destacando "la entrega por parte de las sociedades patrimoniales controladas por De la Rosa y sus colaboradores de un volumen relevante de acciones y de otros bienes". También admite la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el caso ha tardado 13 años en llegar a juicio.

Antes de iniciarse el juicio, De la Rosa hablaba nervioso con su abogado, Francesc Jufresa, y le insistía en que no quería sentarse en el banquillo de los acusados, petición que el letrado transmitió al tribunal. Finalmente, el empresario catalán se sentó junto a los abogados defensores ataviado con una toga, ya que es titulado en Derecho y ejerce la defensa de algunas de sus sociedades, entre ellas, Quail, Nueva Madrugada y Nuevo Atardecer.

DE LA ROSA AFRONTA HASTA SIETE AÑOS.

Durante el trámite de cuestiones previas al juicio, las defensas anunciaron que los acusados aceptarán las penas rebajadas por la Fiscalía, aunque este trámite no se formalizará hasta el 14 de enero. La Fiscalía solicitaba en un principio un total de 13 años de cárcel para De la Rosa, petición que ahora rebaja a tres años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, condena que podría suponer su ingreso en la cárcel.

Por el mismo delito, rebaja de diez a un año de prisión la pena solicitada para el ex consejero delegado de la compañía Consorcio Nacional del Leasing (CNL) Joan Cruells, y pide también un año de cárcel para el ex presidente de CNL Florencio Cerdà (que se enfrentaba a siete) y para el ex representante de Fitinvest Ramon Fiter (para quien pedía cuatro). Para el ex representante de Quail Arturo Piñana, que afrontaba seis años de cárcel, la Fiscalía solicita ahora medio año de prisión.

En cuanto al empresario y ex diplomático Manuel de Prado y Colón de Carvajal, el Ministerio Fiscal le considera responsable de un delito de apropiación indebida y pide para él un año de prisión, frente a los cuatro años que solicitaba inicialmente. Para la ex administradora de la sociedad Pinyer Carolina Malagelada, que afrontaba la misma pena, la Fiscalía retira la acusación porque la causa se dirigió contra ella cuando el delito de apropiación indebida ya había prescrito.

Malagelada, sin embargo, sigue siendo acusada por el Abogado del Estado, que reclama dos años y medio de cárcel y una multa de 1,8 millones de euros para ella como cooperadora necesaria del delito contra la Hacienda Pública, igual que para Arturo Piñana. De la Rosa, Cruells y Cerdá afrontan cuatro años de cárcel y una multa de 3,6 millones de euros como autores del citado delito, por lo que la pena total que se puede imponer a De la Rosa asciende a siete años. El abogado del Estado, además, considera a Gran Tibidabo responsable civil subsidiaria.

UNA SOLUCIÓN "RAZONABLE".

Tras conocer la intención del abogado del Estado, las defensas de De la Rosa, Cerdá, Cruells, Piñana y Malagelada, así como el letrado de Gran Tibidabo, pidieron la nulidad de las pruebas en las que se basa la acusación por el delito de fraude fiscal. Según el abogado de De la Rosa, las inspecciones fiscales para comprobar la situación tributaria de CNL se practicaron de forma "sumergida" y "paralela" a la investigación del juzgado, por lo que las pruebas obtenidas son "ilegales".

Para las defensas, además, las acusaciones por apropiación indebida y fraude fiscal son incompatibles entre ellas. "Es un verdadero disparate jurídico suponer que una apropiación indebida pueda tener el impacto fiscal que solicita la abogacía del Estado", afirmó el abogado de Malagelada, Emilio Zegrí. "No tiene ninguna lógica que la persona a la que se le ha robado tenga que pagar impuestos por el dinero que se le ha sustraído", añadió.

El tribunal deberá resolver ahora sobre esta cuestión de nulidad y lo hará por escrito en un auto motivado que hará público el 14 de enero. "Si el auto nos da la razón, el juicio podría terminar con una conformidad y una sentencia que, incluso, podría dictarse 'in voce'", explicó Jufresa. El letrado de De la Rosa consideró el pacto con la Fiscalía "una solución razonable", ya que "es un procedimiento muy complicado con unas patologías procesales insubsanables".

"A QUIEN ROBA EN ESTE PAÍS LE SALE GRATIS".

Por su parte, para uno de los letrados que representa a los 10.500 accionistas de Gran Tibidabo y secretario del consejo de administración de la sociedad, Javier Bruna, con el pacto al que han llegado la Fiscalía y las defensas "parece que a quien roba en este país, le sale gratis". El abogado, sin embargo, entiende que "es culpa de todos por consentir que un procedimiento que se inició en 1994 --aunque hay gente que fue estafada ya en 1991-- haya llegado a juicio en 2007".

En cuanto al delito de fraude fiscal, del que Gran Tibidabo puede que tenga que responder como responsable civil subsidiaria, Bruna señaló que es "increíble" que los accionistas "estén sufriendo el banquillo con Javier de la Rosa, que ha sido el que ahora se ha conformado y ha reconocido que se ha llevado el dinero de todos los accionistas".

"Me parece tremendo que el abogado del Estado haya mantenido a los accionistas sentados en el banquillo con la persona que les ha robado, pese a que la Fiscalía, que también es el Estado, ha retirado esa acusación", añadió. El abogado señaló que esperaba "más ayuda de la administración pública", y aseguró que plantearán demandas civiles "para recuperar los activos que están en manos de terceras personas que actuaron dolosamente en perjuicio de los accionistas" de Gran Tibidabo.

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