El río de ingresos procedente de obras, suelo y ladrillos parecía una fuente inagotable de liquidez para la Administraciones Públicas, pero éste se ha secado. Y junto a él, después de varios años de bonanza económica, las cuentas de gobiernos autonómicos y ayuntamientos se enfrentan a un deterioro de sus perfiles de crédito, que les impiden pedir financiación en mercado y tienen que recurrir de nuevo a 'viejas fórmulas' de financiación "con préstamos bilaterales con los bancos" en lugar de acudir a los mercados.
La nueva coyuntura económica de la crisis, coloca bajo una fuerte presión financiera a los entes públicos, que ven como se reduce sus fuentes de ingresos y, por otro lado, están en la tentación de bajar algunos impuestos. "Ahora no es el mejormomento para adoptar recortes de impuestos. No hay cojín de losingresos relacionados con la construcción e inmobiliario. Por tanto hayque tener cautela al implementar este tipo de medidas", explica a este diario Fernando Mayorga, director europeo del sector público de Fitch. "El sector público se encuentra en una mejor posición que el empresarial en la crisis. No obstante, las actualización se realizanen función de los acontecimientos y las cifras que den, pero en el sector público son más lentas que en el empresarial", añade.
El rating AAA de España, bajo presión
Aunque las mermas tributarias están afectando a todas las comunidades, la agencia Standard & Poor's señala en un informe reciente que algunas de ellas podrían empeorar su perfil crediticio en los próximos meses y recibir una rebaja de rating, que limitaría el acceso a los mercados de capitales en caso de necesidad de emisiones. Pese a ello, las calificaciones de las autonomías son de alta calidad, aunque cada vez se están alejando más de la del Reino de España, que entre 2002 y 2004 consiguió la triple A de Moody's, S&P y Fitch, la calificación de máxima solvencia posible.
Por comunidades y según datos del Banco de España, cuatro son las regiones que corren mayor riesgo. Cataluña y Baleares, con un ratio entre su deuda y su PIB de 8,8 veces para ambas, que en valores absolutos suponen 17.000 y 2.338 millones de euros a deber. Madrid, con un ratio de 5,6 veces y 10.000 millones de euros de deuda. La palma se la lleva Valencia, con más de 11.000 millones y 11 veces de ratio deuda /PIB, cuya situación es la más delicada. Entre estas cuatro comunidades aglutinan más de 40.000 millones en obligaciones financieras, más del 65% del total de las 17 autonomías, según las cifras del banco central al cierre del primer semestre de este año.
Las Comunidades Autónomas están en el proceso de presentar sus presupuestos 2009, que presentarán reducciones de sus ingresos y posiblemente incrementos en los déficits. "Políticamente no será fácil reintroducir impuestos que hayan sido eliminados o reducidos previamente, aunque las comunidades autónomas que aun no han introducido dichos descuentos deberían ser cautas de hacerlo en vista del entorno económico actual. Según datos del Banco de España, la deuda de ayuntamientos y diputaciones locales asciende en estos momentos a 24.882 millones de euros, lo que equivale al 2,8% del PIB. El 25% corresponde sólo al Ayuntamiento de Madrid con 6.366 millones de euros.