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El Ejecutivo argentino acaba de protagonizar una de esas historias que solo son posibles en determinados países. De acuerdo con la agencia oficial de noticias Telam, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner comunicó el lunes a las compañías petroleras que operan en el país la prohibición de exportar combustibles líquidos, incluidos gasóleos. Ayer, y a preguntas de este diario, Repsol YPF desmintió en Madrid que tal prohibición haya tenido lugar. Como en el teatro de Calderón, en este mundo traidor nada es verdad o es mentira... Sobre todo si se trata de Argentina.

El equívoco se originó el lunes 7 de enero, cuando el secretario argentino de Comercio Interior, Guillermo Moreno, citó en su despacho a los representantes –y no precisamente a los de primer nivel- de las distintas petroleras que trabajan en el país para urgirles a colaborar con el Gobierno en la solución del problema de abastecimiento de combustibles que sufren las estaciones de servicio de todo el país. En el tono agresivo que caracteriza a Moreno, éste habría llegado a amenazar con “cortarles las exportaciones si no garantizaban el abastecimiento”.

“Pero no se ha tomado ninguna medida concreta, y ni a Repsol YPF ni a ninguna otra petrolera les ha sido comunicada decisión oficial alguna en tal sentido”, explicaron ayer a este diario fuentes de la compañía hispano-argentina. Ocurrió, sencillamente, que después de la reunión con Moreno, que no fue particularmente tensa o tormentosa, el Gobierno se apresuró a filtrar al diario Clarín y a la agencia Telam la supuesta prohibición como un hecho cierto, obviamente destinado al consumo interno, es decir, aplacar el enfado de los consumidores argentinos con la situación de los abastecimientos de combustibles.

Las fuentes consultadas ayer volvieron a enfatizar el hecho de que Repsol destina el 90% de la producción de YPF al mercado interno argentino, “y el 10% restante que se dedica a la exportación son naftas de muy baja calidad, que de ninguna forma servirían para la automoción”. Una situación muy distinta a la de otras petroleras que operan en el país, para quienes una prohibición de exportar supondría en la práctica obligarles al cierre de sus operaciones.

El mismo desmentido cabe para la supuesta medida adicional que el Gobierno argentino, a través de nuevo del secretario de Comercio Interior, habría impuesto a las petroleras obligándoles a retrotraer los precios de los combustibles a los existentes el pasado mes de octubre, una medida difícil de llevar a la práctica porque cada sociedad ha subido una cantidad distinta. “Todo son ejercicios verbales destinados a tranquilizar a la opinión pública”, señalan las fuentes. “Lo único cierto es que no hay prohibición de exportar de ninguna clase, y que el compromiso adquirido por las empresas es el de estudiar la búsqueda de soluciones”.

Una decisión en tal sentido hubiera resultado especialmente ominosa para Repsol YPF, que hace escasas fechas dio entrada en su accionariado al empresario local Enrique Eskenazi, comprador del 15% de YPF con opción a un 10% más.

Pocos días antes, el propio presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, se había reunido en Buenos Aires y a puerta cerrada con Kirchner y la entonces presidenta electa Cristina Fernández, quien por cierto prepara un nuevo viaje a España, para hablar de Repsol YPF y la marcha de sus negocios en Argentina.

Llamativo también es que hace menos de dos meses –en concreto el pasado 17 de noviembre- el entonces presidente Néstor Kirchner aplicó un “impuestazo” del 800% a las exportaciones de gasolinas, elevando el tributo de 5% a 35% para desincentivar la venta al exterior y frenar la escalada de precios hacia el consumo nacional.

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