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El intervencionismo estatal se enfrenta en la Vieja Europa a toda una nueva clase de tecnócratas a la violeta instalados en la Comisión Europea que actúan, por lo general, cuando la realidad resulta apabullante.

Porsche AG quiere hacerse con Volkswagen, pero existe una norma del mismo nombre que impide la libre circulación de capitales en Alemania puesto que pretende proteger al gigante alemán frente a las compras del exterior. Es una reminiscencia de otros tiempos, cuando las privatizaciones daban miedo, allá por la década de los 60.

Una audaz ola de liberalismo atraviesa como una flecha una Europa que tiene todavía demasiados miedos a la hora de modernizarse. Y digo extraña por que su pretensión va más allá del simple hecho comercial y se cierne en la demostración de que el poder de los Estados miembro debe residir en la Comisión. Algo comúnmente aceptado en la teoría, pero de todo punto irreal en la práctica.

Ha sido el Tribunal de Justicia Europeo el que ha declarado ayer ilegal esa denominada Ley Volkswagen, que pretende imponer controles a las operaciones intercontinentales, siempre y cuando el comprador no interese- desde una perspectiva discrecional- al Gobierno del país de turno. La norma es una especie de superposición de la propiedad o los derechos del Estado frente a la propiedad o los derechos de los accionistas.

En los Estatutos de Volkswagen elaborados en los años 60 se establece una cláusula que impide superar a ningún accionista el 20% de los derechos de voto y le otorga graciosamente al Estado de Baja Sajonia y al gobierno alemán mayor peso en la compañía. Un blindaje en toda regla, similares a los que hemos leído hasta hace pocos años en nuestro país con el INI, Patrimonio o después de la SEPI, y que también se reproduce en empresas privadas, dando a determinados accionistas o grupos de presión más peso que al resto.

Es una práctica demasiado habitual en España, Italia, Francia, Alemania e incluso en Reino Unido: ahí han estado los escarceos de la gestora de la Bolsa de Londres o la Alemana o sin ir más lejos el 10% que posee el Banco de España en BME y la capacidad de Economía para vetar una posible transacción extranjera.

No extraña que la Comisión Europea desee dejar claro dónde reside el poder de los miembros. Aún así, la realidad de las distintas soberanías nacionales suele dejar a los airados Mac Creevy o Kroess en su sitio.

Sarkozy dio luz verde a la operación Gaz de France- Suez sin encomendarse ni a Dios ni a los accionistas privados con el fin de que Enel no entrara. Nadie dijo nada en la CE. Y Zapatero, en su capacidad para ofrecer respuestas paroxísticas, ha dado Endesa a la semipública Enel, con compañía española, y ahora lima las pocas condiciones que le iba a poner la CNE. Condiciones al viejo estilo del más puro intervencionismo estatal, que no pasarían la prueba del algodón de la mismísima Comisión.

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@Jesús García

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